La idea fue anticipada por Luis Caputo y consiste en una reforma del Impuesto a Valor Agregado para que cada distrito defina sus alícuotas. La provincia sería una de las más perjudicadas y vería reducidos sus ingresos en hasta un 35%.

En los últimos días, la iniciativa del Gobierno nacional de implementar una reforma en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conocida como «Súper-IVA», ha generado preocupación entre los gobernadores. La propuesta, presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca dividir la recaudación del IVA entre Nación y las jurisdicciones locales, lo que ha provocado una serie de reparos y reclamos por parte de los gobernadores y expertos en materia fiscal.

Según explicó Caputo, la reforma consistiría en que el Estado nacional cobre una parte del IVA, estimada en entre el 9 y 10%, mientras que las provincias retendrían la restante, estableciendo así un esquema de competencia fiscal que también afectaría lo que actualmente se recauda por Ingresos Brutos. En palabras del ministro, «nosotros cobraremos lo que le corresponde a Nación sobre el 21% y las provincias pondrán su propio IVA».

Catamarca, en alerta

El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadín Argañaraz, dialogó con medios nacionales sobre las implicancias de esta propuesta. Aunque aclaró que aún no existe un proyecto formal, las declaraciones del ministro sugieren una división del IVA que podría profundizar las desigualdades entre las jurisdicciones.

Argañaraz explicó que, en un escenario teórico, si la Nación cobra un 10% y las provincias establecen una alícuota del 11%, 18 de las 24 provincias argentinas perderían recursos. Las provincias más afectadas serían Catamarca, Formosa y La Rioja, que podrían experimentar una reducción en sus ingresos de hasta un 35%.ÂEn contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires serían las principales beneficiadas, con incrementos en sus recursos del 23% y 19%, respectivamente.

El análisis del experto revela que, si la reforma se implementara en los términos planteados, Catamarca tendrían que aplicar una alícuota provincial del 71% para mantener su nivel actual de recaudación, lo que evidencia la desigualdad y el impacto potencial en las finanzas provinciales.

La propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito político y fiscal, poniendo en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias respecto a la distribución de recursos y la autonomía tributaria.