La herramienta legal que utilizó el Ejecutivo para frenar la cautelar del juez Alejo Ramos Padilla -que determinó que el reciente magistrado debía abstenerse de firmar nuevos fallos-, habilita a la Corte a intervenir. De esta manera, se busca una respuesta del tribunal supremo sin agotar antes las instancias judiciales intermedias.

La reciente crisis desatada en torno a la designación de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación suma nuevos capítulos que evidencian una creciente tensión entre los poderes del Estado. Tras el rechazo de su pliego por parte del Senado y la imposibilidad de firmar fallos debido a una medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla, el Gobierno de Javier Milei busca una solución judicial urgente a través de la presentación de un recurso de per saltum, que permite eludir las instancias judiciales intermedias y solicitar directamente una resolución de la Corte Suprema.

Pese a este intento del Ejecutivo por legitimar su designación, fuentes oficiales reconocen que la renuncia de García-Mansilla es altamente probable. «No creemos que siga», señalaron desde Casa Rosada, lo que pone en jaque la ya debilitada composición del máximo tribunal.

El per saltum: una jugada arriesgada del Gobierno ante la Corte Suprema

El per saltum presentado por el Gobierno tiene como objetivo frenar los efectos de la cautelar dictada por Ramos Padilla, que prohíbe a García-Mansilla ejercer plenamente su rol en el tribunal mientras no se resuelva la legalidad de su nombramiento. Esta herramienta, válida solo en el fuero contencioso-administrativo, permite que la Corte intervenga de forma directa.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que se trata de una provocación institucional: «No solo se tiene que excusar Mansilla para que el Tribunal resuelva, sino que los demás magistrados podrían estar comprometidos porque le tomaron juramento», sostuvo una fuente judicial. Aun así, el Ejecutivo insiste en que «la Corte debe resolver esto», y apuesta a una definición urgente que legitime su decisión.

García-Mansilla, en el centro del escándalo: presión política, descrédito y posible renuncia

El panorama se tornó aún más complejo después de que el Senado rechazara con 51 votos en contra y solo 20 a favor el pliego de García-Mansilla. Aunque su nombramiento por decreto durante el receso legislativo fue técnicamente constitucional, la falta de consenso político y el rechazo de los senadores erosionaron su legitimidad.

El magistrado no se presentó a su despacho tras el fallo del Senado, y en los pasillos judiciales crece el malestar. «Está tirando a la basura todo su prestigio y trayectoria», afirmó una fuente del ámbito judicial, que considera que mantener su cargo no solo carece de lógica institucional, sino que también «destruye la división de poderes».

Una Corte debilitada: solo tres jueces activos y fallos en riesgo

De confirmarse la salida de García-Mansilla, la Corte Suprema volvería a quedar con solo tres miembros activos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Esta situación compromete la capacidad operativa del tribunal, ya que para emitir fallos se requiere mayoría y, en caso de disenso, deben convocarse conjueces.

A este escenario se suma el rechazo del pliego de Ariel Lijo, el juez federal de Comodoro Py propuesto también para la Corte, lo que complica aún más la renovación y fortalecimiento del máximo órgano judicial del país.

Incertidumbre institucional y urgencia por preservar la estabilidad del Poder Judicial

La situación que rodea al caso de Manuel García-Mansilla refleja una crisis institucional profunda, en la que chocan decisiones políticas, tensiones jurídicas y el funcionamiento normal de uno de los tres poderes del Estado. La estrategia del Gobierno, aunque legalmente viable, despierta críticas tanto en el ámbito político como judicial, y la posibilidad de una renuncia parece cada vez más inevitable.

La Corte, ya golpeada por la falta de integrantes, enfrenta un nuevo desafío que pone a prueba su independencia y legitimidad. La resolución de esta crisis no solo definirá el futuro de García-Mansilla, sino también la estabilidad del sistema judicial argentino en un momento clave para la democracia y la institucionalidad.