El proyecto del diputado Hugo Ávila de conformar una comisión de seguimiento a la causa de la «banda de usurpadores» generó un fuerte revuelo en la Cámara baja provincial.
El proyecto del diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) para crear una comisión especial para seguir de cerca la investigación por «la banda de los usurpadores» generó un fuerte revuelo en la Cámara de Diputados.
Es que el proyecto, que no solo pone el ojo en el escándalo de las estafas supuestamente perpetradas por Mario Del Campo y compañía sino también en los jueces y funcionarios, obliga a los diputados a tomar una posición en torno al hecho que tiene en vilo a todo el Poder Judicial. En este marco, la mayoría oficialista en la Cámara baja prefiere por el momento mantener cautela en torno al proyecto y discutir puertas adentros los pasos a seguir. Misma postura tomaron los bloques de la UCR y de La Libertad Avanza que tampoco quisieron expresarse en torno al proyecto del diputado.
La iniciativa de Ávila es un proyecto de decreto con el que se crea esta Comisión Especial de Seguimiento a la investigación que lleva adelante la Fiscalía a cargo de Hugo Costilla, hoy con un proceso abierto en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados y miembros del Ministerio Público. En el proyecto, el diputado también pide que dicha comisión pueda receptar denuncias de los casos que se presenten en el interior de usurpaciones y despojos de tierras donde, a criterio de Ávila, “se observa la complicidad de jueces, fiscales, intendentes y organismos provinciales”.
En este sentido, el proyecto va más allá de la investigación de Costilla y pone en la mesa el trabajo de jueces, tal como es el caso de la jueza Comercial y de Ejecución nº2, María Virginia Cano, hoy en el centro de planteos por ser el juzgado a su cargo donde se concretaron gran parte de las posibles estafas que habría cometido Del Campo con la abogada Grisel Gordillo y el resto de la banda.
Cano también recibió planteos por permitir la incorporación de más de 2.000 pagarés sin someterlos a pericia caligráfica en el expediente de la quiebra del «trader god» Edgar Adhemar Bacchiani. Estas últimas medidas de la jueza ponen en riesgo el normal desarrollo del proceso contra el exfinancista.
Para fundamentar su proyecto, Ávila también le dio trascendencia a diferentes irregularidades en el interior de la provincia, similares a las que se le endilga a la banda de Del Campo y Gordillo. En este sentido, mencionó «un caso emblemático», como es el denunciado por el Dr. Juan Manuel Baracat a través de distintos medios de comunicación, donde expresa que «la Justicia de Catamarca lo conmina a desalojar su campo de 750 hectáreas en el marco de un Proceso Judicial nulo y fraudulento, ya que él nunca recibió notificaciones de ningún tipo, negándosele de esta manera de la posibilidad de ejercer su legítima defensa”.
También advirtió que en la localidad de Las Barrancas, Municipio de Pozo de Piedra, en el departamento Belén, «los pobladores denuncian la ocupación ilegal de un campo comunero por parte del intendente del Municipio de San Fernando, José Figueroa, que alambró más de 40 hectáreas, construyó una represa de agua y plantó 2.600 nogales, quitándole de esa manera al pueblo de Las Barrancas el acceso a dicho campo para el pastoreo de sus animales y usufructuando el derecho al agua que ya lo tenía la gente del lugar”.
Para el diputado, casos de estas características “hay en todos los departamentos de la provincia”. En este marco, también involucró al Gobierno provincial al sostener que “inició un maratónico proceso de expropiaciones y que la gran mayoría de éstas fueron realizadas sin indemnizar de ninguna manera a los que tenían títulos, como ser hijuelas o escrituras. Un caso emblemático de esto es la expropiación del Campo de Yacochuya, en el norte de Tinogasta, para cederlo gratuitamente a la poderosa empresa vitivinícola Catena Zapata”.
Para que el proyecto de la Comisión sea tratado antes de que comiencen las sesiones ordinarias, Ávila pidió la realización de una sesión especial. Para alcanzar ese objetivo necesita el acompañamiento de un tercio de la totalidad de los miembros de la Cámara. Hoy se retoma la actividad en la Legislatura y seguramente el proyecto de Ávila será tema de debate en las reuniones de bloque en Diputados. En este marco, se conocerá si los legisladores están de acuerdo o no de tratar el tema en estos días o recién cuando arranque el periodo ordinario.