El país se sumó a una declaración junto a otras 14 economías para cuestionar la sobrecapacidad en sectores industriales y analizar medidas frente a las distorsiones del mercado.
Argentina adhirió a una declaración conjunta de 15 economías que cuestiona la sobrecapacidad industrial y las políticas que, según los países firmantes, pueden sostener niveles de producción por encima de la demanda mundial.
El pronunciamiento fue acordado por representantes de Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos durante una reunión del G20 realizada en Milwaukee.
La declaración, difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, expresa preocupación por aquellas economías donde la producción supera de manera persistente la demanda global.
Según el documento, esta situación puede generarse o mantenerse mediante políticas e intervenciones estatales que permiten sostener una capacidad productiva que no existiría bajo condiciones de mercado.
Aunque el texto no identifica a ningún país, el planteo tiene como principal referencia el modelo industrial de China, por el peso de las políticas estatales y los subsidios en determinados sectores.
Los países firmantes advirtieron que una producción excesiva puede modificar los precios y los niveles de producción, desalentar inversiones y afectar a las empresas que compiten bajo condiciones de mercado.
Qué sectores están bajo análisis
El acuerdo pone el foco en cinco áreas: vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.
Los países expresaron preocupación por la capacidad industrial instalada y también por los proyectos previstos para esos sectores. Según la declaración, la falta de respuestas podría desplazar producción local, afectar el empleo y debilitar determinadas industrias nacionales.
El documento también señala que una fuerte concentración de la producción en un solo país puede aumentar la dependencia de sus socios comerciales y dejarlos más expuestos a situaciones de “coerción económica”, incluidas restricciones arbitrarias a las exportaciones.
Frente a este escenario, los firmantes plantearon la necesidad de avanzar contra las políticas y prácticas que consideran ajenas a las condiciones de mercado y que contribuyen a generar sobrecapacidad.
Crearán plataformas para definir posibles respuestas
Los países acordaron crear plataformas de trabajo sectoriales para analizar el problema y evaluar posibles medidas en las cinco áreas identificadas.
Funcionarios de alto nivel ya comenzaron las conversaciones al margen del Comité de Comercio de la OCDE.
Los equipos técnicos deberán acordar antes de diciembre de 2026 los términos de referencia de estos espacios. También intercambiarán información y datos no confidenciales sobre la sobrecapacidad y sus efectos, además de identificar posibles faltantes de información.
El objetivo será evaluar “acciones eficaces y, cuando sea posible, complementarias” para reducir el impacto de estas prácticas sobre el comercio y el empleo.
El debate no es nuevo. En 2016, los líderes del G20 ya habían advertido que los subsidios y otras formas de respaldo estatal podían distorsionar los mercados y contribuir al exceso de capacidad mundial.
Diez años después, los países sostienen que el problema se profundizó y extendieron el análisis hacia industrias relacionadas con la transición energética y la tecnología.
Argentina también acordó medidas contra el trabajo forzoso
El pronunciamiento sobre la sobrecapacidad industrial se conoció junto con otra declaración firmada por Argentina, Estados Unidos y México.
En este caso, los tres países plantearon la necesidad de retirar de las cadenas globales de suministro los productos elaborados mediante trabajo forzoso.
Las autoridades señalaron que esta práctica vulnera derechos humanos y también genera una distorsión comercial, ya que permite obtener ventajas frente a empresas que cumplen con las normas laborales.
“La presencia sostenida de mercancías producidas con trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro, junto con la falta de mecanismos que impidan su comercio internacional, afecta negativamente al intercambio mundial y debilita la confianza en la equidad del sistema comercial”, señala la declaración.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), unas 28 millones de personas estaban sometidas a trabajo forzoso en 2021. La cifra representó un aumento cercano al 10% respecto de los cinco años anteriores.
Los tres países también advirtieron que los productos elaborados bajo esas condiciones pueden ingresar a los mercados con una “ventaja artificial de precios”. Esto, según el documento, afecta la competencia y perjudica a las empresas que no recurren a esas prácticas.
Argentina, Estados Unidos y México propusieron reforzar las medidas nacionales y la cooperación internacional para impedir la importación y comercialización de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
También plantearon que la Organización Mundial del Comercio (OMC) abra discusiones sobre el impacto de esta práctica y facilite el intercambio de información sobre cadenas de suministro consideradas de riesgo.
Fuente: Inforama