La diputada defendió los cambios en la normativa y planteó la necesidad de avanzar en estudios técnicos para precisar qué zonas deben ser protegidas.
El Gobierno nacional intentará avanzar esta semana con la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, en medio de un escenario de debate político, cuestionamientos ambientales y advertencias de judicialización por parte de la oposición.
El oficialismo convocó para este martes a un plenario de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales, con el objetivo de emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto el miércoles. La propuesta busca redefinir las áreas protegidas y habilitar nuevas condiciones para el desarrollo de inversiones mineras.
El tratamiento legislativo se da tras audiencias públicas que registraron una amplia participación: más de 100 mil personas se inscribieron y alrededor de 400 expusieron durante dos días. Para la reunión final se espera la presencia de gobernadores que impulsan la iniciativa, entre ellos el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego.
En ese contexto, la diputada nacional, Fernanda Ávila, del bloque Elijo Catamarca, respaldó la reforma. La legisladora, del espacio Elijo Catamarca y actual presidenta de la Comisión de Minería, sostuvo que la modificación de la norma sancionada en 2010 permitirá aportar seguridad jurídica a la actividad.
En declaraciones al medio La Nación, Ávila afirmó que “a partir de estudios técnicos que realizarán las provincias se podrán distinguir qué áreas periglaciares contienen realmente recursos hídricos y deben ser preservadas, de aquellas que no lo tienen y pueden ser potenciales sedes de proyectos mineros”.
La diputada planteó además que la legislación vigente presenta “imprecisiones en la definición de ambiente periglaciar”, lo que, según indicó, dificultó su aplicación y derivó en conflictos de judicialización. También consideró que la norma avanzaba sobre competencias provinciales.
Frente a las críticas que advierten una posible reducción en la protección ambiental, fue categórica: “Eso no es así”. En ese sentido, aseguró que la reforma mantiene el resguardo de las reservas de hielo y permitirá avanzar en estudios más complejos en línea con los relevamientos iniciales del IANIGLA.
Sobre ese punto, explicó que los estudios existentes corresponden a una primera etapa y que ahora es necesario avanzar hacia fases más avanzadas, con mayor nivel de detalle y también mayor costo. En ese contexto, planteó la necesidad de “trasladarle a las provincias la realización de esos estudios para identificar realmente qué geoformas contiene ese recurso hídrico para protegerlos”.
En una entrevista con La Nación, Ávila también remarcó que la actividad cuenta con instancias de control ambiental. Como ejemplo, destacó en la evaluación ambiental estratégica acumulativa realizada en la cuenca del Salar del Hombre Muerto, con participación técnica del Consejo Federal de Inversiones. Según detalló, los informes de impacto ambiental pueden demandar entre uno y dos años para su aprobación y deben actualizarse de manera periódica.
Por su parte, desde la oposición anticiparon que, en caso de aprobarse, la reforma será llevada a la Justicia, al considerar que podría implicar una reducción en los niveles de protección del ambiente periglaciar.
Finalmente, la diputada sostuvo que la actual Ley de Glaciares genera “mucha incertidumbre alrededor de qué se protege”, lo que impacta en las empresas mineras y en el desarrollo del sector. Finalmente mencionó proyecciones vinculadas al crecimiento del cobre en el país, con estimaciones de exportaciones por unos 20 mil millones de dólares y la generación de hasta 200 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Fuente: Inforama