En el marco de un plan de reestructuración del sector público, el Ejecutivo creó la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Reemplazará a la ANSV, la DNV y la Comisión Nacional del Tránsito, con nuevas atribuciones para supervisar concesiones y garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.
El Gobierno nacional avanzó en su plan de reorganización del Estado con la disolución de tres organismos clave del área de transporte y la creación de un nuevo ente unificado. A través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial, se dispuso la eliminación de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
En su reemplazo, se creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que también absorberá funciones de la actual Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
Este nuevo organismo será la autoridad de aplicación de todas las normativas y actos administrativos vinculados al control y fiscalización de concesiones viales y servicios públicos de transporte en jurisdicción nacional.
Atribuciones de la nueva Agencia
Entre las principales funciones asignadas a la Agencia, se destacan:
Fiscalizar el cumplimiento de contratos de concesión y permisos de explotación del transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros.
Controlar los servicios públicos de transporte terrestre nacional, supervisando condiciones técnicas, operativas y de seguridad.
Inspeccionar los contratos de concesión vial y participar en la evaluación de procesos licitatorios, garantizando la independencia entre fiscalización y administración.
Aplicar sanciones ante incumplimientos contractuales y promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes.
Atender reclamos de usuarios y garantizar sus derechos en el uso de servicios de transporte público.
Coordinar investigaciones técnicas sobre accidentes ferroviarios y eventos relevantes en cruces a nivel.
Controlar los programas de mantenimiento de infraestructura ferroviaria y del material rodante.
Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones.
Cobrar tasas, derechos y aranceles de control y fiscalización, previa intervención de la Secretaría de Hacienda.
Propiciar la suspensión o caducidad de permisos y licencias en caso de incumplimientos graves.
Fundamentos de la reestructuración
Según el Gobierno, la medida busca reducir el sobredimensionamiento del aparato estatal, mejorar su eficiencia y optimizar la asignación de recursos públicos. El decreto establece que el Poder Ejecutivo está habilitado a modificar, eliminar o fusionar organismos cuyas funciones resulten superpuestas o innecesarias, e incluso transferir competencias a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante acuerdos formales.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia de reestructuración administrativa y control de gasto público, impulsada por la actual gestión.