El abogado Roberto Casorla Yalet expuso la postura de la familia de la adolescente y anticipó que buscarán establecer las responsabilidades de quienes intervinieron. “Esta familia persigue justicia, pero no persigue encarcelamiento”, afirmó.

El abogado Roberto Casorla Yalet, representante de la querella en la causa por los hechos de violencia escolar que afectaron a una estudiante del Colegio Privado Pía Didoménico, sostuvo que el caso debe investigarse como una presunta secuencia de delitos y no únicamente como una situación de bullying. Durante una conferencia de prensa, acompañado por los padres de la adolescente, expuso la postura de la familia y afirmó que buscarán determinar las responsabilidades de las personas e instituciones involucradas.

“No estamos frente a un caso de bullying. No fue víctima de bullying, fue víctima de delitos”, expresó el letrado al comienzo de su intervención.

Según explicó, la teoría del caso de la querella ubica el inicio de los hechos en el acceso y la posterior difusión de representaciones sexuales que estaban en el teléfono de la adolescente. Para el abogado, esa situación habría dado comienzo a una secuencia de acciones que derivó en consecuencias físicas y psicológicas para la joven.

En ese sentido, mencionó el artículo 128 del Código Penal y sostuvo que se investiga una posible producción y distribución de representaciones sexuales. También señaló que la querella busca establecer si existió una continuidad entre los distintos hechos denunciados.

“Acá hay una continuidad, acá hay una explicación y acá hay una razón”, afirmó al describir la hipótesis que sostiene la representación legal de la familia.

La querella busca determinar una cadena de responsabilidades

Durante la conferencia, Casorla Yalet señaló que la investigación no debe limitarse a las personas que habrían participado en la difusión del material. También apuntó a las instituciones educativas y a las autoridades que debían ejercer tareas de prevención y control.

El abogado cuestionó la respuesta del establecimiento y sostuvo que existieron señales que debieron advertirse. En ese marco, planteó que la falta de una alerta temprana podría comprometer a la institución y a quienes tenían responsabilidades de supervisión.

“Vamos a llegar hasta el último responsable, sea quien sea”, aseguró.

Además, se refirió a la situación escolar de la adolescente y cuestionó que, según su planteo, la víctima haya sido expulsada del establecimiento. Para la querella, el caso también debe analizarse desde la actuación institucional frente a los hechos denunciados.

El estado de salud de la adolescente

Otro de los puntos abordados fue el impacto emocional que atraviesa la estudiante. El abogado contó que la joven se encuentra bajo tratamiento farmacológico y describió las dificultades que enfrenta para retomar actividades cotidianas.

“Hace mucho que no salía, hace mucho que no tenía ganas de bañarme”, recordó que le manifestó la adolescente durante un encuentro. También señaló que la situación la llevó a permanecer en su casa y que actualmente recibe tratamiento con medicación antidepresiva.

El letrado describió el estado de la joven como una consecuencia del daño que, según la postura de la querella, provocaron los hechos denunciados.

“Esta familia persigue justicia, pero no persigue encarcelamiento”

Casorla Yalet también buscó aclarar cuál es el objetivo de la presentación judicial. Aseguró que la familia no pretende que los jóvenes involucrados sean encarcelados sin un debido proceso ni promueve acciones de hostigamiento contra quienes hayan participado de situaciones de bullying.

“Esta familia persigue justicia, pero no persigue encarcelamiento”, expresó. Y agregó: “No estamos buscando revanchismo, es pura justicia”.

En esa línea, explicó que el reclamo apunta a conseguir “equilibrio y paz social” y a evitar que las situaciones de violencia contra adolescentes queden sin consecuencias.

El rol del Estado y la prevención de la violencia escolar

El abogado también se refirió a la intervención del Estado provincial y a la sanción aplicada al establecimiento educativo, que implica el retiro del subsidio estatal durante seis meses.

Si bien consideró que la medida tiene un impacto importante sobre la institución y sus trabajadores, sostuvo que era necesaria. Sin embargo, diferenció esa decisión de lo que busca la familia: “A nosotros no nos sirvió. Esto ya está dañado”, manifestó al referirse a las consecuencias que atraviesa la adolescente.

Por otra parte, aclaró que la querella no tiene vinculación con ningún partido político, aunque consideró que la prevención de la violencia escolar sí constituye una responsabilidad de la política y de las autoridades.

En ese sentido, reclamó que el Observatorio de Violencia Escolar previsto en la Ley 5402 tenga una aplicación concreta y permita detectar situaciones de riesgo antes de que escalen.

Fuente: Inforama