La jueza de Control de Garantías N.º 2, Cecilia Más Saadi, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la estudiante investigada por un caso de bullying en el Colegio Privado Pía Didoménico y ordenó que la institución garantice su continuidad educativa en un plazo de 24 horas. La resolución, conocida este martes 3 de noviembre, establece que deberá cursar bajo una modalidad no presencial y mantener las condiciones de resguardo para la alumna afectada.

La magistrada suspendió provisoriamente los efectos de la disposición interna que establecía la reubicación de la estudiante en otro establecimiento y la instrumentación del pase escolar. De esta manera, deberá conservar su condición de alumna regular de sexto año y continuar sus estudios en el mismo colegio.

La medida tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva o hasta la finalización del ciclo lectivo 2026, lo que ocurra primero.

Qué deberá garantizar el colegio

El establecimiento tendrá un plazo máximo de 24 horas desde la notificación para adoptar las medidas académicas y organizativas necesarias. Entre otras obligaciones, deberá habilitar el acceso a contenidos, materiales, actividades, clases y comunicaciones para que la estudiante pueda completar el año escolar.

También tendrá que informarle el cronograma de evaluaciones, trabajos prácticos, recuperatorios y demás instancias pendientes, en condiciones razonables de igualdad y de acuerdo con las exigencias curriculares.

Además, deberá designar un referente institucional que coordine el proceso educativo y mantenga informada a la alumna sobre las actividades y obligaciones académicas.

Sin contacto con la estudiante afectada

La resolución establece condiciones específicas para implementar la modalidad de cursado. La continuidad educativa deberá garantizarse sin contacto presencial ni comunicación directa no autorizada entre la alumna investigada y la estudiante afectada por los hechos.

En ese sentido, el colegio tendrá que adoptar medidas para resguardar la privacidad, la intimidad y la integridad de ambas estudiantes.

La jueza aclaró que la cautelar no habilita a la alumna investigada a acercarse a la otra estudiante ni a establecer contacto con ella, de manera directa o indirecta. Tampoco podrá divulgar información, imágenes o datos relacionados con su identidad o con los hechos investigados.

La medida podrá ser revisada, modificada o dejada sin efecto si surgen nuevas circunstancias que alteren las condiciones consideradas al momento de resolver.

La investigación administrativa al colegio

En paralelo a la decisión judicial, el Ministerio de Educación y Trabajo lleva adelante un sumario para determinar posibles responsabilidades administrativas de las autoridades del establecimiento por su actuación ante los hechos denunciados.

La investigación se inició mediante la Disposición N.º 999/2026. Según lo informado por el Gobierno provincial, la Comisión Instructora Sumarial tenía previsto presentar este martes el informe final. Sin embargo, hasta el momento no se conocieron oficialmente sus conclusiones ni las eventuales medidas que podrían adoptarse.

Entre las sanciones previstas por la normativa figuran apercibimientos y medidas que podrían llegar a la cancelación de la adscripción a la enseñanza oficial y a la pérdida del aporte estatal.

Además, el Gobierno provincial resolvió retirar el aporte estatal al colegio durante los próximos seis meses.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación y Trabajo mantiene el acompañamiento y la supervisión institucional a través de la Dirección de Mediación Escolar, con tareas de contención y orientación destinadas a estudiantes y familias hasta la finalización del ciclo lectivo.

Fuente: Inforama