La causa investigaba presuntas irregularidades en el pago de aportes previsionales entre 2021 y 2022. La Fiscalía entendió que los hechos dejaron de tener relevancia penal tras una modificación legislativa.

La Justicia Federal de Catamarca sobreseyó a Edgar Adhemar Bacchiani y Zaraive Celeste Garcés Rusa en una investigación por la presunta evasión de más de $14 millones en aportes y contribuciones a la Seguridad Social de empleados de Adhemar Capital SRL. La decisión se tomó tras la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, que modificó los montos mínimos para que estas conductas sean consideradas delitos penales.

La resolución fue dictada por el juez federal Miguel Ángel Contreras, quien hizo lugar al planteo luego de que la Fiscalía considerara que los hechos investigados ya no encuadraban en una figura penal bajo la nueva legislación.

La causa se había iniciado a partir de una denuncia de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI). La investigación apuntaba a presuntas irregularidades en el pago de aportes y contribuciones correspondientes a trabajadores de Adhemar Capital entre noviembre de 2021 y marzo de 2022.

Según la acusación, la firma habría omitido declarar empleados y sus respectivas remuneraciones para evitar el cumplimiento de las obligaciones previsionales. El monto total bajo investigación ascendía a $14.036.266,94.

En noviembre de 2023, Bacchiani y Garcés Rusa habían sido procesados sin prisión preventiva por presuntos delitos contemplados en la Ley Penal Tributaria 27.430.

Qué cambió con la Ley de Inocencia Fiscal

El fundamento central del sobreseimiento fue la entrada en vigencia de la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, el 2 de enero de 2026. La normativa elevó los montos mínimos a partir de los cuales la evasión de recursos de la Seguridad Social puede ser perseguida penalmente.

Con la nueva legislación, el umbral para la evasión simple quedó establecido en $7 millones por cada período mensual, mientras que para la modalidad agravada se fijó en $35 millones.

Al revisar los montos atribuidos a los imputados, la Fiscalía Federal entendió que ninguno de los períodos investigados superaba los nuevos límites. Por ese motivo, consideró que correspondía aplicar el principio de la ley penal más benigna, que establece que una modificación legislativa posterior debe favorecer a la persona imputada cuando resulta más beneficiosa.

El planteo había sido presentado por la defensa de Bacchiani, a cargo del abogado Ezequiel Walther. La Fiscalía acompañó el pedido y el juez Contreras resolvió dictar el sobreseimiento total y definitivo de ambos.

Fuente: Inforama