El oficialismo aceptó modificaciones reclamadas por la oposición para conseguir una amplia mayoría en la Cámara baja. El proyecto elimina el carácter de emergencia del régimen, incorpora previsiones de financiamiento y deberá ser tratado por el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó un nuevo proyecto de ley sobre discapacidad con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. La iniciativa reunió al oficialismo, Unión por la Patria y bloques aliados después de que el Gobierno aceptara modificaciones reclamadas durante las negociaciones. El texto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado.

El resultado representó un amplio acuerdo parlamentario en torno a una norma que busca establecer un esquema permanente de protección para las personas con discapacidad. El proyecto conserva prestaciones y derechos contemplados en la legislación vigente, pero elimina el carácter de emergencia del régimen y establece nuevas condiciones para su financiamiento y aplicación.

Qué establece el nuevo proyecto de discapacidad

La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, mantiene varios de los principales componentes de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque introduce cambios en la estructura normativa.

Entre los puntos centrales, se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad y la posibilidad de compatibilizarlas con un empleo registrado, siempre que los ingresos individuales no superen el límite establecido de dos salarios mínimos, vitales y móviles.

También se conserva el nomenclador único de prestaciones, que establece aranceles de referencia para servicios como rehabilitación, transporte, centros de día y acompañamiento. El texto prevé actualizaciones periódicas de esos valores vinculadas con la inflación.

Otro de los aspectos contemplados es la continuidad de la cobertura de salud para las personas que reciben pensiones por discapacidad o invalidez laboral, a través de Incluir Salud o de los programas que puedan reemplazarlo.

Estas disposiciones formaron parte de las modificaciones negociadas entre La Libertad Avanza y los bloques opositores para alcanzar un acuerdo en el recinto.

Financiamiento y pago de las deudas a prestadores

Uno de los principales puntos de discusión fue la necesidad de garantizar los recursos para implementar la ley. Durante las negociaciones, distintos bloques reclamaron que el proyecto especificara de qué partidas saldría el financiamiento y que se establecieran mecanismos para asegurar su continuidad.

El texto incorpora previsiones presupuestarias para sostener el sistema de prestaciones. De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso citadas durante el debate, el costo fiscal de la iniciativa rondaría los $598.912 millones para 2027.

Además, se incorporaron plazos para regularizar las deudas acumuladas con los prestadores. La autoridad competente deberá informar el cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y completar la cancelación de las compensaciones pendientes en un plazo de 90 días corridos.

Las modificaciones respondieron a reclamos de bloques aliados y opositores, que condicionaron su respaldo a la incorporación de garantías presupuestarias y mecanismos concretos de cumplimiento.

Cómo fue el acuerdo entre el oficialismo y la oposición

Según informaron medios nacionales, la aprobación se produjo después de una serie de negociaciones que se extendieron hasta las horas previas a la votación. El oficialismo aceptó cambios solicitados por bloques dialoguistas y representantes de Unión por la Patria, lo que permitió ampliar el respaldo parlamentario.

La discusión se había centrado inicialmente en la posibilidad de prorrogar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, La Libertad Avanza impulsó una propuesta alternativa que reemplaza ese esquema por una normativa de carácter permanente.

Unión por la Patria finalmente acompañó el texto consensuado, aunque desde ese espacio remarcaron la necesidad de que el Poder Ejecutivo cumpla con las obligaciones establecidas y garantice los recursos para las prestaciones.

La votación terminó con 237 sufragios afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría que superó ampliamente los votos necesarios para la aprobación en la Cámara baja.

Qué falta para que la ley entre en vigencia

Tras la aprobación en Diputados, el proyecto fue girado al Senado, donde deberá ser debatido y votado para completar el trámite legislativo.

Hasta que concluya ese proceso, la iniciativa no se convierte en ley. Su aplicación dependerá de la aprobación de la Cámara alta y de los pasos posteriores que correspondan.

El tratamiento en el Senado será clave para determinar si el nuevo esquema de protección, financiamiento y prestaciones para las personas con discapacidad queda establecido de manera permanente.

Fuente: Inforama