La disputa por los recursos del Atlántico Sur sumó un nuevo capítulo y abrió dos frentes de conflicto entre Argentina y Londres.
El Gobierno argentino anunció sanciones y denuncias penales contra una empresa británica por presuntos vuelos sin autorización entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, en Chile. Al mismo tiempo, intimó al Reino Unido a frenar el desarrollo petrolero del proyecto Sea Lion en un plazo de dos semanas.
Las medidas fueron comunicadas por la Oficina del Presidente, que también confirmó el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Denunciaron vuelos entre Malvinas y Chile sin autorización argentina
Según el comunicado oficial, el presidente Javier Milei instruyó el inicio de procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED.
La decisión se tomó tras detectar operaciones aéreas entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, realizadas con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas.
Los vuelos habrían trasladado a empresarios británicos desde el archipiélago hasta Chile para participar de una ronda de negocios con proveedores locales. El encuentro buscaba avanzar en la creación de una ruta comercial entre las islas y el sur chileno.
El Ejecutivo también ordenó avanzar con las gestiones diplomáticas correspondientes.
El ultimátum por el proyecto petrolero Sea Lion
En paralelo, Argentina intimó formalmente al Reino Unido a frenar, en un plazo de dos semanas, las operaciones vinculadas al proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La iniciativa contempla la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.
Según la posición argentina, las actividades afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental y los recursos naturales de la zona.
El comunicado presidencial señala que, si Londres no cumple con el requerimiento, el país solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para preservar sus derechos.
Milei también anunció que instruyó a Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Qué resoluciones de la ONU invoca Argentina
El Gobierno fundamenta su reclamo en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas e insta a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
La segunda exhorta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que impliquen modificaciones en la situación mientras continúe el proceso de negociación.
Desde la perspectiva argentina, la explotación de hidrocarburos en la zona contradice esas disposiciones y afecta sus derechos sobre los recursos naturales.
El comunicado también rechaza los argumentos británicos basados en el referéndum de 2013, en el que los habitantes de las islas votaron mayoritariamente por mantener su estatus bajo administración del Reino Unido.
Crece la tensión diplomática y militar
El nuevo reclamo se produce en medio de un intercambio de declaraciones entre ambos países por la soberanía del archipiélago y el desarrollo de actividades económicas en el Atlántico Sur.
En los últimos días, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que el Reino Unido mantiene capacidad militar para defender las islas ante una eventual acción argentina.
Londres también confirmó que los cazas Typhoon desplegados en Malvinas serán reemplazados por aeronaves de una versión posterior a fines de noviembre de 2027. Según el Ministerio de Defensa británico, la renovación estaba prevista con anterioridad a la actual tensión diplomática.
En el plano económico, el desarrollo de Sea Lion podría generar unos 2.000 millones de dólares en regalías durante 30 años, de acuerdo con estimaciones de las autoridades británicas.
La Justicia argentina ya intervino en el proyecto
En el ámbito judicial, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó como medida cautelar que las empresas petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto.
A su vez, la Cancillería argentina realiza gestiones ante Estados Unidos para que Washington evalúe una posible mediación, que requeriría la aceptación del Reino Unido.
Por ahora, el conflicto suma un nuevo frente diplomático y judicial. El plazo de dos semanas establecido por Argentina será clave para determinar los próximos pasos del reclamo sobre la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.
Fuente: Inforama