El 8 de septiembre de 1990, la provincia de Catamarca y la Argentina entera quedaron fracturadas por un crimen desgarrador. María Soledad Morales, una estudiante de 17 años del Colegio Del Cármen, asistió a una fiesta de egresados para recaudar fondos para el viaje de estudios de su curso. Nunca regresó a su casa. Dos días más tarde, su cuerpo fue hallado en la zona de Parque Daza, desfigurado, mutilado y con evidencias brutales de haber sido drogado, violado y brutalmente asesinado.

Lo que inicialmente pretendió ser abordado por la justicia local como un hecho policial menor derivó rápidamente en el escándalo político y judicial más convulsivo de las últimas décadas en Argentina. 

Las investigaciones iniciales apuntaron a Luis Tula, de 28 años, con quien la adolescente mantenía una relación. Sin embargo, los testimonios que comenzaron a circular de boca en boca señalaron una trama mucho más oscura y densa: la participación de Guillermo Luque, hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque y de la diputada provincial Concepción Pretti.

Luque formaba parte del círculo selecto de los denominados «Hijos del Poder», un término acuñado por la sociedad y el periodismo para calificar a los jóvenes descendientes de las familias dominantes que operaban con total garantía de impunidad. 

Ángel Luque era una pieza clave en el esquema del gobernador provincial Ramón Saadi, cuya dinastía política administraba la provincia designando magistrados, jefes policiales y funcionarios a voluntad, al tiempo que mantenía una alianza estratégica indispensable con el presidente Carlos Menem.

Frente a la parálisis de la justicia, las contradicciones en los peritajes y el descarado encubrimiento policial, la respuesta social irrumpió desde las aulas. La rectora del colegio de María Soledad, la hermana Martha Pelloni, impulsó junto a las compañeras de la joven las históricas Marchas del Silencio. Miles de ciudadanos catamarqueños salieron a las calles de la capital provincial caminando en absoluto silencio, portando veladores y pancartas para exigir justicia.

 Aquella movilización pacífica rompió el cerco del miedo e instaló el reclamo en las portadas de la prensa nacional e internacional.

El impacto del caso fue devastador para la estructura de la provincia. Las constantes irregularidades en la causa , que incluyeron el lavado del cuerpo de la víctima, el desmantelamiento de la escena del hallazgo y las escandalosas presiones sobre los testigos,  obligaron al Gobierno nacional a decretar la intervención federal del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de Catamarca en 1991. Aquella medida significó el fin del dominio político del saadismo en la provincia.

El proceso judicial estuvo repleto de dilaciones. En 1996, el primer juicio oral fue televisado en directo a todo el país y terminó en un escándalo sin precedentes cuando las cámaras captaron los gestos de complicidad y parcialidad entre dos de los jueces del tribunal. El debate fue suspendido, los magistrados renunciaron y la causa volvió a foja cero. Recién en 1997, un nuevo tribunal dictó sentencia: Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por el uso de estupefacientes y el homicidio en ocasión de reo, mientras que Luis Tula recibió una pena de 9 años como entregador y coautor. Luque salió en libertad en 2010 tras cumplir 14 años de condena amparándose en el beneficio de la buena conducta.

En aquella época, el término «femicidio» no existía en el ordenamiento penal ni en el lenguaje institucional argentino. El crimen solía ser minimizado bajo el sesgo patriarcal de los denominados «crímenes pasionales», una figura retórica que intentaba atenuar la responsabilidad de los victimarios.

A 36 años del asesinato de María Soledad Morales, organismos de derechos humanos y colectivos feministas mantienen viva la memoria de la joven catamarqueña. Un recordatorio  de que ningún vínculo con el poder político debe estar por encima de la justicia.

Fuente: Catamarca Ya