La asociación que reúne a defensorías de todo el país advirtió que sin mecanismos concretos de control, el derecho al transporte gratuito podría verse limitado en la práctica.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) reclamó al Estado nacional la adopción urgente de medidas concretas para garantizar el acceso efectivo a los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, personas trasplantadas y niñas, niños y adolescentes con cáncer.

En el documento, también firmado por el defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, ADPRA advirtió que “la eliminación del régimen de compensaciones, sin la creación simultánea de herramientas de control, seguimiento y sanción adecuadas, genera condiciones materiales que pueden vaciar en la práctica el ejercicio de un derecho reconocido legal y constitucionalmente”.

Frente a este escenario, la asociación exigió a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que implemente de manera inmediata un sistema de seguimiento, auditoría y trazabilidad sobre la emisión de pasajes gratuitos, con información pública y accesible que permita verificar el nivel de cumplimiento de cada empresa prestataria.

Además, reclamó el fortalecimiento de los mecanismos sancionatorios para las compañías que incumplan con la obligación de otorgar los pasajes, al considerar que “la eliminación de la compensación económica no debe derivar en impunidad frente a los incumplimientos”.

Otro de los planteos centrales fue la preservación de canales alternativos de reserva para las personas que no cuentan con conectividad digital, así como la garantía de cupos suficientes en proporción a la demanda real.

ADPRA también solicitó al Poder Ejecutivo nacional que informe, en un plazo no mayor a 30 días, cuáles serán las medidas concretas que adoptará para asegurar que la quita de compensaciones no afecte el acceso al beneficio.

Desde la entidad remarcaron que “el problema no es solamente jurídico, sino también material”, y advirtieron que sin herramientas efectivas de control podrían multiplicarse las trabas burocráticas, la reducción de cupos y las dificultades para acceder a pasajes de media y larga distancia.

La Defensoría del Pueblo de Catamarca acompañó el reclamo y reafirmó que garantizar accesibilidad e inclusión constituye una obligación del Estado, por lo que su cumplimiento “no puede quedar sujeto exclusivamente a criterios económicos o comerciales”.

Fuente: Inforama