Tras el fracaso de los pliegos de Lijo y García-Mansilla, el oficialismo impulsa en el Senado el tratamiento de proyectos para modificar la integración del máximo tribunal. Se negocia en silencio con sectores del peronismo y se apunta a una Corte de siete miembros.

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de octubre y tras el revés que significó el rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, el Gobierno nacional habilitó en el Senado el inicio del debate sobre la ampliación del máximo tribunal.

La estrategia oficial es clara: avanzar con cautela y explorar acuerdos que permitan consensuar una nueva composición de la Corte. El primer paso será un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que analizarán un conjunto de ocho proyectos ya presentados. Las iniciativas varían desde propuestas ultrakirchneristas que elevan a 15 el número de jueces, hasta otras más moderadas que mantienen la cifra actual —cinco— pero incorporan criterios de paridad de género.

Sin embargo, todas las señales apuntan a que el número más viable es siete, tal como propone un proyecto del senador Juan Carlos Romero, del interbloque Las Provincias Unidas, un espacio cercano al oficialismo que integran peronistas no alineados y aliados provinciales como Lucila Crexell (Neuquén).

Del mismo sector proviene Alejandra Vigo (Córdoba), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien convocó formalmente al plenario tras un pedido de senadores libertarios liderados por Juan Carlos Pagotto (La Rioja), titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales.

El oficialismo considera clave esta instancia para evitar una nueva derrota parlamentaria como la que sufrió con los pliegos de Lijo y García-Mansilla. En ese contexto, el correntino Carlos «Camau» Espínola, presidente del interbloque aliado y figura con llegada al asesor presidencial Santiago Caputo, fue uno de los impulsores del debate.

Pese al traspié, Caputo sigue siendo el principal operador en materia judicial del Gobierno. Fue él quien insistió con llevar los pliegos al recinto sin los votos necesarios, desoyendo las advertencias de bloques dialoguistas como el radicalismo, cuyo jefe de bancada, Eduardo Vischi, había anticipado el fracaso.

En paralelo, avanzan negociaciones discretas con el kirchnerismo, que mantiene su histórica postura a favor de ampliar la Corte. El bloque de Unión por la Patria, que lidera José Mayans (Formosa), busca asegurar al menos una representante mujer con línea directa al Instituto Patria, centro neurálgico del cristinismo.

La lógica detrás de esta estrategia es clara: a mayor número de jueces, más posibilidades de sumar nombres afines. El peronismo hoy cuenta con 34 senadores, casi un tercio de la Cámara, lo que lo convierte en actor clave para cualquier designación judicial.

Ante este escenario, La Libertad Avanza ha optado por bajar el perfil y replegarse. Reconocen que el Congreso funciona con menor intensidad en años electorales, pero también saben que un eventual crecimiento legislativo en octubre podría darles más poder de negociación.

En la Casa Rosada ya no apuestan a acuerdos «llave en mano», como el que había sugerido Ricardo Lorenzetti con la postulación de Lijo. En cambio, trabajan en una hoja de ruta legislativa que permita aprobar una nueva ley antes de fin de año, con una Corte ampliada y mayor espacio para negociar nombres.

Si bien no se espera que los libertarios alcancen la mayoría, confían en fortalecer su presencia parlamentaria. Y sueñan, incluso, con que el kirchnerismo pierda el tercio de bloqueo que hoy ostenta en el Senado. Es difícil, aunque no imposible. En política, dicen, todo puede pasar.