Tal como se lo preveía, la oposición en la Cámara de Diputados buscó en diferentes oportunidades de la sesión de ayer la forma de tratar (con la intención de rechazar) alguno de los decreto acuerdo del Gobierno.

La anticipada embestida conjunta del radicalismo y el peronismo disidente (que ayer tuvo acompañamiento de los libertarios) fue impedida por el bloque del Frente de Todos (FT) a fuerza de números: hubo tres votaciones rechazando las ideas opositoras.

Primero arrancó la presidenta del bloque radical, Silvana Carrizo, quien pidió que ocho de los decretos acuerdo pierdan estado parlamentario “por razones de ilegalidad e institucionalidad” para nombrar la modificación a la Defensoría del Pueblo (donde se nombró a Dalmacio Mera en comisión), la modificación de la ley del Tribunal de Cuentas y la disolución del ENRE, entre otros. Según fundamentó, estos tomaron estado parlamentario el 4 de mayo y “sin embargo fueron publicados en el Boletín Oficial el 9 de mayo en su mayoría y el 13 uno de los decretos”.

Esta observación no fue antojadiza. Es que “al no indicar fecha específica de vigencia en los decretos, resulta aplicable el Código Civil y Comercial de la Nación, donde se establece que las leyes rigen a partir del octavo día de su publicación oficial, por lo tanto, no estaban en vigor, no son jurídicamente válidos ni exigibles y por lo tanto no vamos a convalidar ninguna ilegalidad desde este bloque de la UCR”. Cabe mencionar que Carrizo anticipó a la prensa dijo que presentarán una acción de inconstitucionalidad.

Al margen de eso, el pedido de la opositora se definió mediante una votación simple, donde la mayoría oficialista respondió con el rechazo. Luego fue el intento del peronista disidente Hugo Ávila (FAC), quien pidió el tratamiento en la misma sesión del decreto que modificó la base de cálculo de los aportes a la OSEP. “Lo debemos tratar lo más rápido posible para rechazarlo y caigan los efectos negativos que tiene sobre el salario de los que están en la parte más baja”, dijo para pedir que la votación sea por diputado.

El presidente del bloque oficialista Gustavo Aguirre (FT) adelantó que el espacio no iba a acompañar, “teniendo en cuenta que estamos trabajando en una propuesta superadora que estamos conversando con el Ejecutivo”. A la vez, esgrimió que “el rechazo total del decreto implicaría también el rechazo al artículo que pide que los colegios profesionales firmen convenios con sus asociados a los fines de que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

Nuevamente, el pedido de Ávila quedó rechazado por la mayoría. En la votación fueron 17 los diputados que eligieron tratar el decreto, pero fueron 21 los legisladores que sufragaron en contra.

Luego hubo un tercer intento, esta vez por parte de Tiago Puente (UCR) para tratar ese mismo decreto en la próxima sesión.

Aguirre insistió con la postura del oficialismo: “Caben los mismos argumentos que acabo de mencionar”. Obviamente, los minutos que pasaron entre votaciones no modificaron el resultado: 17 afirmativos y 21 negativos.