En un contexto de creciente tensión financiera debido a la caída de la coparticipación federal del 9,8% que sufrió Catamarca, el gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, fue categórico al establecer los límites de la política salarial que implementará su administración en los próximos meses. El mandatario garantizó el pago de los sueldos acordados hasta julio, pero fue contundente al rechazar cualquier incremento que supere las posibilidades presupuestarias de la provincia.

«Este año estamos equilibrados, pero no estamos en condiciones de ningún aumento que no continúe la pauta presupuestaria», afirmó Jalil, quien reveló haber mantenido conversaciones con la Corte Suprema y el Tribunal de Cuentas para explicar la delicada situación financiera que atraviesa la provincia.

Una línea roja para todos los poderes del Estado

El gobernador fue enfático al señalar que la restricción salarial abarcará a los tres poderes del Estado. «La provincia no va a aceptar ningún aumento salarial de ningún poder que exceda las posibilidades que se puedan pagar», subrayó, destacando que esta decisión incluye al Poder Judicial y otros organismos que tradicionalmente han mantenido cierta autonomía en materia salarial.

«Yo ya le expliqué a la Corte, nosotros tenemos un presupuesto. Voy a ser muy prudente y voy a exigirle inclusive al Tribunal de Cuentas que no pueden tener ningún aumento salarial hasta ver cómo se comporta la recaudación nacional», detalló el mandatario.

Jalil confirmó que los acuerdos salariales alcanzados previamente están garantizados hasta julio: «Nosotros tenemos ya cerrado el salario hasta julio y bueno, eso se va a cumplir. Si no hay una ecatombe, están los fondos para que eso se cumpla», aseguró.

Crisis financiera y caída de recursos

La decisión del gobernador se enmarca en un escenario financiero sumamente complejo para la provincia, ya que los datos oficiales muestran una preocupante caída en los recursos coparticipables. En enero de 2025, Catamarca recibió $118.795 millones en fondos de libre disponibilidad, cifra que se redujo a $109.989 millones en febrero (-7,4%) y a apenas $99.206 millones en marzo, representando una disminución del 9,8% respecto al mes anterior. Esta pérdida de aproximadamente $20 mil millones en el primer trimestre del año ha encendido las alarmas en la administración provincial.

Paquete de austeridad en marcha

La política salarial restrictiva forma parte de un paquete más amplio de medidas de austeridad que incluye la reducción del 50% en obra pública, disminución del empleo público, cancelación de contratos para obras y reducción de la pauta publicitaria oficial.

El gobierno provincial cuenta actualmente con un fondo de emergencia de aproximadamente 35 millones de dólares que permitiría sostener el déficit actual durante un máximo de siete meses, pero la situación exige cautela, según el propio gobernador.

«Voy a ser muy prudente en la toma de decisiones y sobre todo lo que significa el salario de los tres poderes del Estado», insistió Jalil, quien además anunció una reestructuración ministerial que incluye la fusión del Ministerio de Industria con Producción y del Ministerio de Gobierno con Seguridad, como parte de las medidas para optimizar recursos.

Diálogo como estrategia, no paros ni sesiones especiales

Ante este escenario complejo, el gobernador hizo un llamado al diálogo entre los diferentes actores políticos y sociales. «No es tiempo de que tengamos paro, tampoco es tiempo de que tengamos todas las semanas sesiones. Creo que es tiempo de dialogar», expresó.

Según Jalil, después de Semana Santa, tanto la oposición como el gobierno deberían mantener conversaciones constructivas, ya que «si no, la situación para un gobernante se hace muy difícil, mucho más difícil para la gente».

Reorientación de la obra pública

Al garantizar los sueldos, pero restringir los aumentos, el gobierno provincial busca mantener cierto nivel de actividad económica. Jalil anticipó que, aunque con limitaciones, se continuará con «algo de obra pública», aunque reorientando los recursos hacia proyectos de menor costo y mayor demanda de mano de obra.

«Es muy probable que, si no se puede hacer casas, vamos a tener que hacer un plan para hacer veredas, que tiene menos costo y la misma o más cantidad de mano de obra», señaló el gobernador, enfatizando la necesidad de «tratar de que la gente tenga trabajo» a pesar del difícil contexto económico.