Ejecutivo modificó la Ley de Financiamiento Educativo para que sean las provincias quienes negocien los salarios docentes, manteniendo aún su poder de veto sobre acuerdos que superen los techos establecidos en el plan económico.
El Gobierno nacional anunció este martes que ya no participará directamente en las discusiones salariales del sector docente y dejó en manos del Consejo Federal de Educación (CFE) la responsabilidad de alcanzar los acuerdos paritarios con los gremios. La decisión fue formalizada mediante el decreto 341/2025 publicado en el Boletín Oficial, que modifica la Ley de Financiamiento Educativo (26.075).
Originalmente, esa ley establecía que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el CFE y las entidades gremiales” eran responsables de elaborar un “convenio marco” sobre condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente. Ahora, el decreto indica que esa responsabilidad recae solo en “el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional”, desplazando al Ministerio de Educación, que en el gobierno de La Libertad Avanza fue rebajado a Secretaría.
El CFE, integrado por los ministros de Educación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, tradicionalmente negociaba y acordaba una “pauta salarial” que servía para orientar las negociaciones provinciales. Además, en el marco de la ley de Educación Superior, esa pauta también regulaba el presupuesto para universidades, en un enfrentamiento que generó movilizaciones en todo el país contra el ajuste.
Con esta decisión, el Gobierno busca ceder esa negociación a las provincias, postergando la responsabilidad en sus manos y dejando que ellas diriman los aumentos salariales. Sin embargo, en un acto paradójico, el decreto también mantiene el poder de veto del Ejecutivo: “la Secretaría de Educación podrá refrendar el convenio” o solicitar nuevas propuestas, si la oferta salarial excede los límites presupuestarios o no se ajusta a las metas inflacionarias.
En los hechos, si el acuerdo supera la inflación oficial, el Gobierno podrá rechazarlo, volver a negociar y exigir que se ajuste para no afectar las expectativas inflacionarias.
Los argumentos que el Gobierno esgrimió para abandonar su rol en las negociaciones son coherentes con su política de flexibilización y desregulación del Estado, basadas en la supuesta “eficiencia en el gasto público”. El decreto señala que “en el marco de las políticas de desregulación impulsadas por el Estado nacional, y con el objetivo de optimizar la eficiencia del gasto público, resulta esencial revisar la necesidad de determinadas funciones” y maximizar la “eficacia en la gestión pública”.
Ese análisis, sin embargo, resulta contradictorio: aunque promueven la autonomía provincial y reducen su participación directa, el Poder Ejecutivo mantiene el control y el veto, condicionando las negociaciones y limitando la autonomía de los gobiernos locales frente a la política salarial.
La medida marca un cambio sustancial en la relación del Estado con la negociación salarial docente y refleja una política que busca reducir la presencia del Estado en la gestión educativa, todo bajo un discurso de “eficiencia” y “federalismo”.
