Entre los citados se encuentran el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, nuevamente eludirá su presencia, en lo que ya se considera un patrón de ausencia sistemática ante el Congreso, pese a los reiterados pedidos de la oposición.
La Cámara de Diputados inicia una semana decisiva en torno al escándalo generado por el respaldo público del presidente Javier Milei a la criptomoneda Libra, en una publicación que encendió la alarma institucional y generó una fuerte reacción política. El martes desde las 14 horas, altos funcionarios del Gobierno deberán brindar explicaciones ante el Congreso, en un proceso de interpelación parlamentaria que marcará un nuevo punto álgido en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entre los citados se encuentran el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, nuevamente eludirá su presencia, en lo que ya se considera un patrón de ausencia sistemática ante el Congreso, pese a los reiterados pedidos de la oposición.
Este escenario podría derivar en una denuncia formal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, impulsada por Unión por la Patria (UxP). Si bien el número de votos no permitiría avanzar en un eventual juicio político, el impacto político dentro del gabinete sería considerable.
Comisión investigadora por Libra: una integración fracturada desde su origen
El miércoles a las 10 comenzará a operar la comisión investigadora que analizará en profundidad el caso Libra. Su conformación, sin embargo, ha sido motivo de intensas disputas. Si bien originalmente se esperaba que UxP liderara la comisión como primera minoría, el oficialismo logró reorganizar bloques e interbloques para obtener una paridad estratégica que le permita disputar la conducción.
Nuevas alianzas como la del PRO con el MID y la del bloque libertario con el monobloque CREO de Tucumán, sumadas al nacimiento de estructuras como la Liga del Interior y el interbloque Unidad, cambiaron el equilibrio interno. Como resultado, la comisión pasó de 24 a 28 miembros, con una distribución exacta de 14 representantes por sector, lo que generó un escenario de empate político.
Esta paridad plantea un desafío adicional: la elección de las autoridades de la comisión. Mientras el oficialismo argumenta que el presidente debe ser afín al Gobierno para garantizar su funcionamiento, desde la oposición se insiste en que se debe respetar el principio de representación proporcional. UxP evalúa proponer figuras alternativas como Oscar Agost Carreño o Nicolás Massot, en busca de consensos.
Tensión política y objetivos de la comisión investigadora
La comisión investigadora tendrá un plazo de tres meses para recolectar evidencia, realizar informes y emitir dictámenes sobre el caso Libra. Una vez concluido ese período, deberá presentar un informe final a la Cámara de Diputados detallando las conclusiones y posibles recomendaciones.
El trasfondo del escándalo gira en torno al impacto institucional y los posibles beneficios derivados del respaldo presidencial a un activo financiero específico. Desde sectores de la oposición como Encuentro Federal y Democracia para Siempre, se denunciaron intentos del oficialismo por manipular la integración de la comisión, lo que refuerza las sospechas sobre el caso.
Libra expone tensiones institucionales y redefine alianzas en Diputados
El tratamiento legislativo del caso Libra revela una profunda fractura política en el Congreso, con el oficialismo intentando cerrar el capítulo en el ámbito legislativo y la oposición decidida a llegar al fondo del escándalo. Las interpelaciones y la comisión investigadora son apenas los primeros pasos en una disputa que no solo implica transparencia institucional, sino también la responsabilidad del poder ejecutivo frente a los mercados financieros y la opinión pública.
Este caso, que comenzó con un simple posteo presidencial, hoy pone en jaque la confianza en el sistema político y exhibe la fragilidad de las mayorías parlamentarias, el peso de los reacomodamientos de bloques y la necesidad de consensos reales para esclarecer los hechos.