La iniciativa generó posiciones divididas por su impacto en el equilibrio entre desarrollo productivo y cuidado ambiental.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina.

La nueva normativa actualiza el marco legal vigente y redefine el alcance de la preservación de estas reservas estratégicas de agua dulce, consideradas clave para el consumo humano, la producción agrícola y el equilibrio ambiental.

Cambios en la protección de glaciares

Entre los principales puntos, la ley reafirma el carácter público de los glaciares y su rol como reservas hídricas esenciales. Además, establece criterios más precisos para su identificación y protección, en línea con el principio de uso racional de los recursos naturales.

La norma también introduce modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo encargado de relevar y monitorear estos ecosistemas.

Uno de los aspectos centrales es la incorporación del principio precautorio, que establece que todos los glaciares incluidos en el inventario serán considerados protegidos hasta que estudios técnicos determinen si cumplen funciones hídricas.

En ese sentido, la ley habilita que, una vez comprobado que determinadas geoformas no cumplen esas funciones, puedan quedar excluidas del régimen específico de protección, aunque seguirán alcanzadas por otras normativas ambientales.

Actividades prohibidas y controles

La legislación mantiene y refuerza las restricciones sobre actividades que puedan afectar los glaciares y el ambiente periglacial. Entre ellas se incluyen la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la realización de obras que alteren su condición natural.

Asimismo, establece que todos los proyectos deberán someterse a evaluaciones de impacto ambiental previas, con instancias obligatorias de participación ciudadana.

Con su promulgación, la nueva ley entra en vigencia y abre una nueva etapa en la regulación de los recursos hídricos estratégicos del país.

Fuente: Inforama