El organismo estimó que las normas aprobadas por el Congreso implican un gasto adicional del 1,5% del PBI y advirtió que su resolución podría extenderse más allá de octubre. El presidente Milei confirmó que frenará los aumentos a jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las leyes aprobadas por el Congreso y que el presidente Javier Milei se dispone a vetar implican un aumento del gasto público equivalente al 1,5% del PBI. Las iniciativas contemplan un incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Según el staff report difundido este viernes, las normas fueron sancionadas en un contexto de «creciente presión electoral» y constituyen «costosas iniciativas de gasto» que, alertó el organismo, podrían extenderse más allá de octubre.

El planteo del FMI se da en medio del compromiso asumido por el Gobierno de cerrar el año con un superávit fiscal del 1,6% del PBI, lo que exige una mayor reducción del gasto estatal, en contraste con las medidas impulsadas por la oposición en el Congreso.

«El Congreso argentino propuso y aprobó recientemente nuevas y costosas iniciativas de gasto destinadas a aumentar las pensiones y las prestaciones por discapacidad, así como las transferencias a las provincias, por un valor aproximado del 1,5% del PIB», señaló el Fondo.

El informe fue publicado junto a la aprobación de la primera revisión técnica del programa, que habilitó un desembolso de US$ 2.000 millones, pese a que la Argentina no alcanzó la meta de acumulación de reservas prevista para mediados de junio.

Milei ratifica el veto y busca apoyos

El presidente Javier Milei confirmó que vetará tanto el aumento de jubilaciones como la emergencia en discapacidad con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal. El jefe de Estado tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto para formalizar su decisión.

«Los políticos en el Senado votaron un aumento de casi tres puntos del PBI en el gasto público. Eso implica una deuda de US$ 350.000 millones. Es un genocidio económico», aseguró al ratificar su postura.

El Ejecutivo prepara una estrategia para evitar que el Congreso logre revertir el veto. Para ello planea ofrecer un aumento acotado en el área de discapacidad, con el fin de sumar apoyo de sectores del radicalismo. También busca respaldo de gobernadores, tanto de la coalición opositora Juntos por el Cambio como de algunos mandatarios peronistas que en otras oportunidades acompañaron al oficialismo.

En caso de que el Congreso alcance los dos tercios de ambas cámaras, las leyes podrían promulgarse pese al veto presidencial. Frente a ese escenario, el Gobierno analiza la posibilidad de judicializar las iniciativas opositoras.

El FMI advirtió que la definición de este conflicto podría «demorarse más allá de octubre» y recordó el compromiso de la administración Milei de enviar una reforma previsional al Congreso antes de diciembre de 2026.

«La iniciativa buscaría optimizar el sistema fragmentado actual y armonizar mejor las contribuciones con las prestaciones, incluyendo impulsar la formalización del mercado laboral», precisó el organismo.