La magistrada de Nueva York resolverá si frena la entrega de las acciones mientras se tramita la apelación del fallo que condenó al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera. El Gobierno advierte que la medida implicaría un daño irreparable.

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, decidirá este lunes si concede a la Argentina la suspensión de la orden que la obliga a entregar las acciones estatales de YPF, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera, que derivó en una sentencia de US$16.000 millones en contra del país.

Preska comunicó por escrito tanto al Gobierno argentino como a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que este lunes definirá si otorga la suspensión solicitada, lo que frenaría la entrega de los títulos y las eventuales sanciones por incumplimiento mientras se sustancia la apelación.

«Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela», explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue de cerca los litigios contra el país en tribunales internacionales.

Argentina busca frenar la ejecución

La semana pasada, anticipándose a una eventual resolución adversa, el Gobierno argentino presentó formalmente la apelación ante un tribunal superior de Nueva York. En paralelo, Preska convocó para el martes 15 a una audiencia para destrabar otro frente del caso: la entrega de información sobre activos de empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central (BCRA). Los demandantes buscan demostrar que esas entidades son «alter ego» de la República Argentina para poder embargar bienes.

En sus escritos, el Gobierno argentino argumenta que la orden de Preska viola la ley de expropiación de YPF, que exige aprobación del Congreso con mayoría de dos tercios para cualquier transferencia accionaria. Además, sostiene que la entrega de las acciones tendría «efectos irreversibles», ya que los fondos demandantes adelantaron su intención de vender esos títulos, lo que volvería imposible retrotraer la situación si la apelación prospera.

También advierte sobre el riesgo de «daño irreparable a la soberanía» del país y que se vería obligado a elegir entre «cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de Estados Unidos».

El origen del conflicto por YPF

El conflicto tiene su raíz en el fallo del 15 de septiembre de 2023, cuando Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. Con intereses, la cifra ya asciende a US$17.750 millones.

La demanda fue impulsada por Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigar del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que poseía el 25% de YPF al momento de la estatización. El reclamo sostiene que el gobierno de Cristina Kirchner incumplió el estatuto de la petrolera al nacionalizar las acciones de Repsol sin extender una oferta similar al resto de los accionistas, como indicaban las normas de la compañía.

Desde el fallo, la Argentina apeló la sentencia y enfrenta crecientes presiones de los demandantes, que ahora buscan el traspaso de las acciones de YPF en manos del Estado. La posibilidad de ejecutar esa orden ha despertado inquietud en otros acreedores del país, que también evalúan reclamar el pago de sus demandas con papeles de la petrolera.

Milei rechaza el traspaso accionario

El presidente Javier Milei se pronunció en contra de la entrega de las acciones y sostuvo la semana pasada: «El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir».

La decisión de Preska, prevista para este lunes, será clave para definir los próximos pasos en un litigio que amenaza con profundizar la delicada situación financiera de la Argentina y exponerla a nuevos embargos en el exterior.