Mandatarios que integraron Juntos por el Cambio decidieron no acompañar iniciativas de la oposición que afectarían el equilibrio de las cuentas públicas. Proponen tratar por separado los proyectos consensuados con las 24 provincias.
En la previa de una sesión clave en el Senado, un grupo de gobernadores que integraron la extinta coalición Juntos por el Cambio resolvió no acompañar este jueves la votación de proyectos impulsados por la oposición, al considerar que tendrían un alto costo fiscal y pondrían en riesgo el rumbo económico del Gobierno nacional.
Entre los mandatarios que adoptaron esta postura están Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Todos ellos mantuvieron una reunión virtual con sus senadores y aliados parlamentarios, en la que definieron una estrategia legislativa que incluye no votar proyectos como la reposición de la moratoria previsional, incremento de jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad.
El argumento: evitar un «bombazo fiscal»
Según trascendió, los gobernadores advirtieron que estas iniciativas, que ya cuentan con media sanción en Diputados, implicarían un costo fiscal cercano al 2,5% del PBI, cifra que calificaron como un «bombazo fiscal» incompatible con el equilibrio de las cuentas públicas que persigue el oficialismo.
Si bien muchos de ellos se diferencian en varios puntos del Gobierno libertario, su decisión busca marcar distancia del bloque kirchnerista y evitar quedar alineados con proyectos que, entienden, comprometerían el programa económico.
Propuesta alternativa: dividir la sesión
Como parte de la estrategia legislativa, el bloque dialoguista planteará dividir en dos la sesión: tras un cuarto intermedio, se buscaría habilitar el debate de los proyectos que sí cuentan con consenso entre los 24 gobernadores, como la coparticipación del 50% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la eliminación de los fondos fiduciarios y cambios en el impuesto a los combustibles líquidos. Estas medidas, aseguran, tendrían un impacto fiscal mucho menor, del 0,11% del PBI.
«Con esta postura buscamos dejar claro que no queremos destruir al Gobierno, no somos irresponsables ni fiscalmente degenerados y no votamos con el kirchnerismo medidas que desequilibren las cuentas del Estado«, indicaron desde el entorno de estos mandatarios.
La decisión de este sector, que mantiene un canal de diálogo abierto con la administración de Javier Milei, intenta al mismo tiempo sostener cierta autonomía política sin comprometer los principios de responsabilidad fiscal en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país.