La Ley de Muerte Digna fue aprobada por el Parlamento uruguayo tras un largo debate que cruzó convicciones éticas, políticas y religiosas. Se aplicará a mayores de edad con enfermedades incurables o sufrimientos irreversibles.

Este miércoles, el Parlamento de Uruguay aprobó el proyecto de ley de Muerte Digna, la cual legaliza la eutanasia.

La nueva ley garantizaría el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia para personas mayores de edad psiquicamente aptas que atraviesen la etapa terminal de enfermedades icurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables. La ley ampara a ciudadanos uruguayos y extranjeros con residencia permanente.

El debate en el Senado

El debate en la Cámara de Senadores del país oriental duró más de 10 horas. En la sesión los legisladores del Frente Amplio, el partido oficialista, se expresaron a favor y fueron acompañados por algunos de los opositores. 

Dentro del Partido Colorado hubo un apoyo mayoritario, pero no un consenso. Muchos colorados se declararon a favor, pero otros se opusieron, y varios hicieron énfasis en que su voto debía ser de conciencia, no de disciplina partidaria. La posición predominante del Partido Nacional fue de rechazo, con una minoría que votó favorablemente. Muchos nacionalistas enfatizaron objeciones éticas, religiosas o de cautela ante las implicancias de la ley.

Reglamentación

A partir de ahora el Poder Ejecutivo tiene 180 días para reglamentar la ley. Asimismo, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que “será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia”.

Dicha comisión “estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo” del país y elaborará un informe anual que remitirá a esa cartera y a la Asamblea General.

Fuente: Inforama