Un informe nacional revela que Catamarca forma parte del grupo de provincias donde varios jueces del máximo tribunal tienen vÃnculos previos con el poder. ¿Qué dice el Tribunal? ¿Qué datos se conocen? La investigación incluyó un pedido de acceso a la información que fue respondido solo parcialmente.
En Catamarca, como en muchas otras provincias argentinas, la Justicia y la polÃtica comparten más que una relación institucional:Âcomparten nombres, trayectorias y hasta lazos personales. Una investigación realizada por Ruido y CONNECTAS, que relevó a los integrantes de las Cortes Supremas de las 23 provincias y CABA, reveló que el 64% de los magistrados y magistradas, es decir 6 de cada 10, tuvo vÃnculos con el poder polÃtico antes de llegar al máximo tribunal. Y Catamarca no sólo no escapa a esa lógica, sino que tiene uno de los niveles más altosÂde vinculación directa con el poder polÃtico de turno.
En total, 88 de los 138 jueces y juezas provinciales del paÃs tuvieron cargos o funciones vinculadas al poder polÃtico local, y 76 fueron designados por gobiernos del mismo signo polÃtico con el que ya estaban relacionados.
De los 7 jueces que integran actualmente la Corte de Justicia de Catamarca, 6 registran vÃnculos laborales previos con el gobierno provincial, y todos ellos fueron designados durante gestiones del peronismo, el mismo signo polÃtico con el cual tenÃan relaciones laborales o partidarias.
El caso Catamarca: ¿qué respondió la Corte?
La investigación incluyó un pedido formal de acceso a la información pública a todas las Cortes del paÃs. Desde Catamarca se respondió parcialmente, según indicaron los autores del informe, y no se aclaró cuántos de los actuales ministros de la Corte local tienen historial polÃtico.
¿Quiénes integran hoy el máximo tribunal de la provincia? Esa es una de las preguntas que el informe busca responder a nivel nacional, pero en Catamarca ni el brinda una biografÃa pública detallada de cada magistrado, ni existen mecanismos de transparencia activa que permitan conocer con precisión los antecedentes polÃticos o laborales de quienes hoy tienen la última palabra en los conflictos judiciales. Esta situación se da en la mayorÃa de los portales
La falta de información sistematizada no es menor: los ministros de Corte son quienes pueden frenar o permitir decisiones de alto impacto polÃtico, administrativo o penal. La ausencia de datos refuerza la percepción de opacidad que muchas veces rodea al Poder Judicial en la provincia.
El problema no es sólo que los jueces hayan tenido vÃnculos previos, sino que no existan mecanismos que garanticen la independencia efectiva de sus decisiones, alerta el informe.
En ese sentido, Catamarca forma parte del grupo de provincias con baja respuesta institucional al requerimiento de información de esta investigación, lo que refuerza la falta de confianza ciudadana en la Justicia provincial.
Una tendencia nacional que también se refleja acá
Los datos confirman una tendencia ya percibida: las Cortes provinciales suelen estar compuestas por ex funcionarios del Ejecutivo o del Legislativo, y muchas veces son elegidos por afinidad polÃtica, más que por trayectoria judicial.
De hecho, según el informe, el peronismo fue el espacio polÃtico que más jueces nombró en todo el paÃs: 87 de los 138 analizados fueron designados durante gestiones de ese signo.
En provincias como San Juan, Tucumán o La Rioja, todos los jueces tienen vÃnculos polÃticos previos. Catamarca no encabeza ese ranking, pero aparece mencionada entre los distritos donde los nexos entre jueces y poder son frecuentes y no siempre transparentes.
La investigación, que forma parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI) impulsada por Chequeado, no busca deslegitimar en sà a los jueces, sino poner el foco en la necesidad de procesos más transparentes y exigentes para su selección.
Como sostiene Fernando Gauna Alsina, de la Asociación Pensamiento Penal, el problema no es tener pasado polÃtico, sino no tener las credenciales suficientes o no demostrar independencia en el ejercicio actual del cargo.
Y esa es, justamente, la gran deuda institucional de muchas provincias, incluida Catamarca: garantizar que quienes juzgan a otros no tengan cuentas pendientes con su pasado polÃtico.
Fuente: Inforama