La oposición y el oficialismo acordaron postergar el debate para convocar a funcionarios clave y autoridades de YPF. El Gobierno sospecha que empleados públicos facilitaron información al fondo Burford, en medio del litigio por US$16.000 millones.

En medio de las tensiones políticas y tras una serie de derrotas legislativas al oficialismo, el Senado de la Nación se encamina a debatir en una sesión secreta la delicada situación judicial de YPF, a raíz del fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que podría costarle al país más de 16 mil millones de dólares. La discusión fue postergada en la última sesión por un acuerdo inusual entre el oficialismo y la oposición, que coincidieron en no tratar el tema de manera apresurada.

El punto en común surgió el jueves pasado, cuando la Cámara alta optó por frenar un intento confuso de debatir sobre el caso YPF en la misma jornada y a puertas cerradas. La moción, impulsada por el senador José Mayans (UxP), proponía rechazar el fallo de Preska y «preservar a la empresa de bandera», pero carecía de un texto consensuado, con al menos tres borradores circulando entre bloques.

Lo que no trascendió en ese momento fue que la Unión Cívica Radical (UCR) había presentado una solicitud formal para convocar «a la mayor brevedad posible» a representantes de la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Economía y la empresa YPF S.A., con el objetivo de brindar un informe detallado sobre la situación judicial y las acciones previstas.

La iniciativa ganó relevancia luego de que el Gobierno denunciara la filtración y posible venta de información por parte de empleados públicos a favor del fondo Burford, el litigante principal en el juicio por la expropiación de YPF. Según las fuentes parlamentarias, entre los apuntados estarían funcionarios de la propia Procuración, por lo que su comparecencia genera expectativa y tensión.

Durante el debate del jueves, Martín Lousteau (UCR – Evolución) presionó para tratar el tema ese mismo día, argumentando que «el juzgado [de Preska] iba a estar cerrado más tarde». Sin embargo, varios legisladores consideraron «una locura» avanzar sin consensos y sin garantías de un tratamiento responsable.

«¿Por qué secreta? Simple. En un Senado totalmente descontrolado, imaginate a los legisladores ‘estrella’ diciendo cualquier disparate mientras Preska lo mira en vivo por redes sociales. Demasiada exposición», ironizó un senador dialoguista en declaraciones off the record.

Finalmente, el titular del bloque radical, Eduardo Vischi, solicitó posponer el debate para redactar un texto común. «Queremos tener un documento muy específico y contundente», dijo. Su postura fue respaldada por el kirchnerismo, a través de Oscar Parrilli, quien recordó que «YPF no es una pequeña empresa, es la joya de la abuela» y pidió unidad para defender los intereses nacionales, más allá de las diferencias políticas.

Sin fecha definida, el Senado deberá resolver en las próximas semanas cuándo será la sesión secreta. Sin embargo, reina la sospecha de que el debate podría convertirse en una oportunidad para cuestionar a funcionarios más que para defender al Estado argentino en uno de los juicios más costosos de su historia.