La Casa Rosada decidió aplazar las reformas laboral, impositiva y de los Códigos Penal y Civil hasta después de los comicios de medio término. Busca un Congreso más favorable para avanzar con su agenda estructural.

El Gobierno definió postergar sus principales reformas estructurales hasta después de las elecciones legislativas de medio término. Según confirmaron fuentes oficiales, el objetivo es evitar nuevos traspiés parlamentarios y aguardar a conformar un Congreso más afín para discutir los proyectos más ambiciosos de la administración de Javier Milei.

La decisión se tomó tras la caída de las facultades delegadas, que vencieron a principios de julio, y en medio de un escenario de alta fragmentación política. «A partir del 11 de diciembre nuestra posición va a ser distinta», aseguraron en Balcarce 50, con la expectativa de mejorar la representación parlamentaria del oficialismo. Aun así, reconocen que necesitarán seguir negociando con bloques dialoguistas, ya que no esperan alcanzar mayoría propia.

Entre las iniciativas aplazadas se encuentran dos reformas clave: la laboral y la impositiva. Ambas están siendo trabajadas de forma preliminar por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, con el objetivo de tener «el terreno liso» para cuando se den las condiciones políticas para presentarlas.

Uno de los espacios donde el Ejecutivo comenzó a delinear su hoja de ruta es el Consejo de Mayo, que retomó su actividad a fines de junio. Si bien su agenda es amplia, el tema laboral figura entre los principales tópicos de discusión. «Esperamos hablar de eso», expresó un colaborador cercano a uno de los miembros del Consejo, que volverá a reunirse el próximo lunes.

Reformas al Código Penal y Civil

Además de los cambios laborales e impositivos, el Ejecutivo también proyecta reformar el Código Penal y el Código Civil y Comercial, aunque estas iniciativas también quedarán en suspenso hasta después de los comicios.

El borrador del nuevo Código Penal, redactado por la Comisión de Reforma creada en 2024, ya está en manos del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. La comisión está integrada por referentes del ámbito judicial, como el juez de Casación Mariano Borinsky y la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

El texto propone actualizar el Código con figuras como la venta de niños, los fraudes informáticos con Inteligencia Artificial, los ciberdelitos —incluyendo la «pornovenganza»—, y prevé penas más severas para casos de corrupción e incendios intencionales. El objetivo, según el documento, es lograr un sistema judicial «más rápido, equitativo y acorde a las demandas actuales de la sociedad».

En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma del Código Civil y Comercial orientada a reducir la intervención estatal en los contratos entre privados. También busca fortalecer la figura de la propiedad privada y fomentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje.