El proyecto impulsado por los mandatarios provinciales busca redistribuir la recaudación del tributo, aumentando la participación de las provincias. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y pone en riesgo parte del superávit fiscal que sostiene el Gobierno nacional.

La disputa entre el presidente Javier Milei y los gobernadores sumó un nuevo capítulo con la media sanción en el Senado del proyecto que propone coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos. El objetivo de la iniciativa es aumentar la participación de las provincias en la recaudación del tributo, en detrimento del Estado nacional. Pero, ¿cuánto representa esta modificación en términos fiscales?

Según un informe elaborado por la Fundación Mediterránea, presidida por María Pía Astori, la propuesta implica una redistribución que dejaría a las provincias con el 57,02% de lo recaudado, mientras que el Tesoro Nacional recibiría el 14,29% y el Sistema Único de Seguridad Social, el 28,69%.

En conjunto, el Estado nacional pasaría de recibir la mayor parte del impuesto a quedarse con apenas un 42,98%, mientras que las provincias verían incrementada su participación al 57,02%. De haberse aplicado esta fórmula durante 2024, la Nación habría resignado ingresos por el 0,12% del PBI. En 2025, la pérdida fiscal estimada ascendería al 0,16% del producto, según los cálculos del estudio.

Además, el proyecto establece que del 57,02% destinado a las provincias, un 25% se distribuiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 75% restante seguiría el criterio de la ley de coparticipación.

Esta nueva lógica de reparto generaría ganadores y perdedores. Según el informe, CABA, Catamarca, Santa Fe y Tucumán serían las principales beneficiadas. En cambio, las provincias patagónicas, como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de Corrientes y Misiones, verían reducida su participación.

Pese a las asimetrías, el texto fue consensuado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, ya que en términos globales, la iniciativa implicaría un aumento del 2,5% en los envíos automáticos por coparticipación. Si se proyectan los montos a recibir en el segundo semestre de 2025, todas las provincias se verían beneficiadas, con una suba promedio del 124%: desde un 38% en Neuquén hasta un 725% en CABA.

Pero el impacto fiscal no termina ahí. Si se suman los efectos del proyecto del impuesto a los combustibles y el de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la pérdida para la Nación en 2024 habría sido del 0,18% del PBI, es decir, $1,47 billones a precios de junio de 2025. En 2025, ese monto subiría a $1,78 billones, equivalentes al 0,21% del PBI.

Este desfasaje pondría en riesgo uno de los principales logros que exhibe la administración Milei: el superávit financiero. Según el análisis, ambos proyectos combinados consumirían casi la mitad del superávit proyectado para este año.

La Fundación Mediterránea advierte que la principal debilidad del proyecto radica en que no establece asignaciones específicas ni obligaciones para el uso de los fondos, que pasarían a ser ingresos de libre disponibilidad para las provincias. Además, plantea la necesidad de discutir una nueva distribución de responsabilidades en materia de infraestructura pública, un tema que el texto legal no contempla.

Sin embargo, desde las provincias crece el malestar por el abandono de las rutas nacionales y la ausencia del Estado en obras públicas. En ese sentido, al igual que lo hizo meses atrás el bonaerense Axel Kicillof, esta semana el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, colocó carteles en los accesos a rutas bajo jurisdicción nacional para señalar su deterioro y falta de mantenimiento.