La vicepresidenta comunicará al Ejecutivo la sanción de leyes clave impulsadas por la oposición y gobernadores. Se inicia así el plazo legal de diez días para que el presidente Javier Milei defina si las veta, como ya anunció públicamente.

En medio de una creciente tensión institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel se prepara para comunicar al Poder Ejecutivo, entre este martes y el miércoles, la sanción de un conjunto de leyes aprobadas recientemente por el Senado y que el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará.

Se trata de iniciativas con fuerte impacto fiscal, entre las que se destacan el aumento del 7,2% a jubilados y pensionados, un bono adicional de $110.000 para haberes mínimos, la declaración de la Emergencia en Discapacidad y modificaciones en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), medidas impulsadas por gobernadores de diferentes provincias.

Con la firma de Villarruel, se activará el conteo regresivo de diez días hábiles durante los cuales el Ejecutivo podrá optar por vetar, total o parcialmente, las leyes sancionadas o bien promulgarlas.

Movimientos en el Congreso

En paralelo, la oposición en Diputados se prepara para responder con una agenda legislativa cargada. Apuntan a avanzar con el financiamiento para las universidades públicas y el Hospital Garrahan —en el marco de la emergencia pediátrica— y con el rechazo al veto presidencial sobre la declaración de emergencia por inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y espacios provinciales decidieron interrumpir el receso invernal para trabajar en la conformación de mayorías que les permitan insistir con las leyes en caso de veto presidencial.

Sin plazos formales, pero con señales

Desde el Senado señalaron que no hay un plazo legal estricto para comunicar las leyes sancionadas al Poder Ejecutivo. Sin embargo, fuentes parlamentarias adelantaron a TN que la firma de Villarruel podría concretarse este martes.

El abogado constitucionalista Diego Armesto explicó que, tras la sanción del Senado, se asigna número de ley y se comunica al Ejecutivo, que cuenta con la facultad constitucional de vetar. Si lo hace, el proyecto regresa a la Cámara de origen —en este caso, Diputados— que puede insistir con dos tercios de los votos. Si lo logra, pasa al Senado, que también debe ratificar con esa mayoría.

«El Poder Ejecutivo debe actuar con cautela y diálogo para evitar que el Congreso insista. La clave está en bloquear esos dos tercios en Diputados», señaló Armesto.

En ese marco, Villarruel publicó el fin de semana un mensaje en redes sociales en respuesta a las críticas del Gobierno —incluso del propio Milei, que la llamó «traidora»—: «Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado, menos». En el Senado interpretaron esas palabras como un anticipo de que la comunicación al Ejecutivo se hará en breve.

La estrategia del Gobierno

El presidente Milei y su equipo ya manifestaron su decisión de vetar las iniciativas, y no descartan judicializar las leyes aprobadas. «Esto no es una vetocracia, es una democracia donde se construyen consensos con el diálogo», sostuvo la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica).

«La preocupación del Gobierno parece ser solo el déficit fiscal. Nosotros planteamos alternativas viables que no comprometen el equilibrio, pero requieren voluntad de diálogo», agregó.

Francos ante el Congreso

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene una línea directa con los gobernadores y legisladores, y se presentará el próximo 6 de agosto en Diputados para brindar su informe de gestión, luego de su accidentada participación en el Senado el mes pasado.

Su visita coincidirá con el debate legislativo por las sanciones que podrían ser vetadas. Para insistir con las leyes, la oposición necesita alcanzar dos tercios de los presentes: con los 257 diputados, se requerirían 172 votos.

El Gobierno, por su parte, apuesta a reunir 86 votos para bloquear esa posibilidad y blindar el veto. En Casa Rosada ya se baraja una posible narrativa oficial: aquellos legisladores que respalden el veto serían considerados «héroes», tal como Milei definió a quienes blindaron su veto a la reforma universitaria en 2024.