Antes del 8 de julio, el Ejecutivo planea eliminar organismos clave en materia de transporte y seguridad vial. Las funciones serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y las fuerzas de seguridad.
En el marco del plan de reforma y desregulación del Estado, el Gobierno nacional ultima los detalles de un decreto que será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días, antes del 8 de julio. El texto contempla la disolución, fusión y reestructuración de varios organismos vinculados a la movilidad, el transporte y la seguridad vial, entre ellos, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y otras dependencias.
El apuro por emitir el decreto responde al vencimiento inminente de las facultades delegadas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Con este movimiento, el Gobierno apunta a concentrar funciones y reducir estructuras, bajo el argumento de que existen superposiciones entre los organismos a eliminar y la Secretaría de Transporte.
Entre los cambios más relevantes, se prevé que la Gendarmería Nacional asuma el control del tránsito en rutas nacionales y pasos internacionales, tareas que hasta ahora estaban en manos de la ANSV y la CNRT. Además, se creará una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que tendrá a su cargo la fiscalización de los contratos de obras viales y ferroviarias.
Unificación de funciones y eliminación de organismos
Según el borrador del decreto, las tareas de control y prevención vial que cumplían tanto la ANSV como la CNRT pasarán a ser ejecutadas por la Gendarmería, que —de acuerdo con fuentes oficiales— cuenta con la capacidad operativa para asumir ese rol en todo el territorio nacional.
En paralelo, los convenios vigentes de la ANSV serían absorbidos por la Secretaría de Transporte, que también tomará a su cargo el dictado de cursos de seguridad vial y la coordinación con las jurisdicciones provinciales. Las competencias duplicadas entre las agencias eliminadas y otras dependencias —como la Subsecretaría de Transporte Automotor— fueron uno de los argumentos clave para impulsar la reestructuración.
En el caso de la CNRT, la pérdida de atribuciones que sufrió en los últimos años ya había debilitado su rol. Entre otras tareas, fiscalizaba la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), supervisaba operadores de transporte y monitoreaba el servicio ferroviario de alcance nacional. Desde 2019, muchas de esas funciones fueron reasignadas.
El cierre de VN y nueva estructura bajo Economía
La Dirección Nacional de Vialidad, que cuenta con una planta de más de 5300 empleados —1500 de ellos en cargos jerárquicos, según datos oficiales— también será disuelta. A partir de entonces, será el Ministerio de Economía el encargado de otorgar concesiones de obras viales, así como de administrar los recursos financieros, títulos públicos y Letras del Tesoro que estaban bajo la órbita del organismo.
El decreto prevé una reestructuración administrativa transitoria: la planta de personal y las unidades organizativas actuales se mantendrán hasta que se defina la nueva estructura. Todos los compromisos presupuestarios y obligaciones serán transferidos al Ministerio de Economía, que también asumirá la responsabilidad de mantener el sistema troncal de rutas nacionales.
Para fiscalizar las concesiones de obras y servicios públicos —viales, ferroviarios o de transporte automotor— se creará la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que también será la autoridad de aplicación y recaudará tasas y aranceles relacionados.
Cambios en la Junta de Seguridad en el Transporte
Por último, el decreto contempla la transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que dejará de intervenir en accidentes automotores y se enfocará exclusivamente en incidentes de la aviación civil. El nuevo nombre del organismo será Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.