El Ministerio de Economía evalúa permitir el uso de billetes en negro sin exigir explicaciones sobre su origen. Apuntan a dinamizar el consumo y reforzar las reservas, mientras se demora el ingreso de divisas.
El Gobierno se prepara para habilitar una nueva etapa de regularización de dinero no declarado. Aunque aún no hay norma oficial, en los pasillos del Ministerio de Economía ya se habla de un esquema que permitirá utilizar hasta US$ 100.000 en efectivo sin justificar su origen, en lo que muchos ya definen como un blanqueo encubierto.
La idea, impulsada por el ministro Luis Caputo, es liberar el uso de dólares que hoy se encuentran fuera del sistema, principalmente en cajas de seguridad o guardados en el hogar. «Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones», aseguró Caputo en una reciente entrevista. «La gente no los gasta porque tiene miedo de que el ARCA los persiga», añadió, en referencia al organismo recaudador.
Este virtual blanqueo buscaría facilitar la compra de electrodomésticos, autos, inmuebles o incluso inversiones bursátiles sin que haya sanciones por no haber declarado previamente esos fondos. «Vas a poder comprar sin que nadie te pregunte nada», resumió una fuente del equipo económico.
Aunque oficialmente no está confirmado, el monto máximo permitido rondaría los US$ 100.000, el mismo tope que rigió en el blanqueo lanzado el año pasado, que concluye este miércoles. En aquella oportunidad, se exteriorizaron alrededor de US$ 20.000 millones, aunque no se permitió incluir efectivo en la etapa final que ahora podría extenderse bajo nuevos términos, habilitados por la Ley Bases.
Dentro del Gobierno, se estima que los argentinos mantienen unos US$ 300.000 millones fuera del sistema financiero. La intención oficial es captar parte de esos fondos para fortalecer las reservas del Banco Central, aumentar los depósitos bancarios y estimular el consumo, en un contexto de desaceleración económica.
El movimiento ocurre mientras el nuevo esquema cambiario cumple 20 días sin lograr acumular reservas y tras una salida estimada de US$ 5.600 millones desde noviembre, cuando terminó la ventana para exteriorizar efectivo. Recién en la segunda mitad de abril comenzó a verse una leve recuperación gracias a la liquidación del agro.
En paralelo, la cotización del dólar volvió a subir este lunes: el tipo de cambio minorista cerró en $1.210, rompiendo una racha de 14 jornadas por debajo de los $1.200. El Gobierno busca reforzar la señal de que el dólar no va a dispararse, apostando a un ingreso de divisas que actúe como ancla inflacionaria.
El esquema también busca facilitar transacciones que hoy enfrentan múltiples restricciones. Por ejemplo, para comprar un electrodoméstico con efectivo por más de US$ 2.500, se exige DNI y factura; si el monto supera los US$ 6.000, se requiere autorización gerencial y declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente (PEP), como establece la UIF.
No obstante, el plan se presenta en medio de compromisos asumidos con el FMI y a meses de que el país deba implementar en septiembre las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero. En su último informe, el organismo alertó sobre el uso de «cuevas» para operaciones informales y advirtió que esta actividad «no tiene una escala insignificante».