El personal del En.Re. rechazó las versiones sobre su posible eliminación y advirtió que sin el organismo no habría control sobre tarifas, calidad de los servicios públicos ni defensa efectiva de los usuarios.
Ante las versiones que circulan en medios y redes sociales sobre la posible eliminación del Ente Regulador de Servicios Públicos (En.Re.), el personal del organismo emitió un comunicado en el que alerta sobre las graves consecuencias que acarrearía esa decisión, tanto en términos legales como en la defensa de los derechos de los usuarios.
El En.Re. funciona hace casi 30 años como autoridad de control sobre los servicios de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales. No solo recibe reclamos, sino que además fija y modifica los cuadros tarifarios mediante procesos de audiencias públicas, que garantizan la participación de organizaciones sociales, instituciones, funcionarios y ciudadanos. Sin el ente, advierten, las tarifas podrían ser impuestas unilateralmente por la autoridad de aplicación o incluso por las empresas prestadoras, sin consulta previa.
Otro aspecto central que destaca el organismo es su rol en equilibrar la relación entre usuarios y empresas concesionarias, que, a pesar de tener participación estatal mayoritaria, se rigen por contratos de concesión. «¿Quién defenderá a los usuarios si el En.Re. es eliminado?», se preguntaron en el comunicado.
Además, subrayaron que la eliminación del ente comprometería controles esenciales sobre la calidad de los servicios, como el monitoreo del agua potable que consumen los catamarqueños y las inspecciones de seguridad en instalaciones eléctricas. «De nuestros controles depende la seguridad pública y el resguardo del medio ambiente», señalaron.
Desde el En.Re. recordaron también que su creación como organismo autárquico fue establecida por la Ley Provincial N° 4836, por lo que para su eliminación sería necesario derogar no solo esta norma, sino también otras como la Ley Provincial de Energía N° 4834, la Ley N° 4963, el Marco Regulatorio de Agua Potable, los contratos de concesión y numerosos decretos y reglamentaciones específicas. «Omitir este procedimiento sería una flagrante violación a la Constitución Nacional y Provincial», remarcaron.
Más allá de las implicancias jurídicas, el personal del En.Re. enfatizó que el impacto principal será la desprotección de los usuarios, quienes quedarían sin defensa ante posibles abusos en la prestación de servicios esenciales.
Por último, señalaron que la eliminación del organismo no tendría un efecto significativo en la reducción del gasto público, ya que los costos del En.Re. son mínimos y su plantel pertenece a la planta permanente de la administración provincial. «Crear un nuevo organismo implicaría gastos mucho mayores», concluyeron.