El SOEM capitalino adelantó que presentará una medida cautelar para que se desestime la nueva base de cálculo. Un opositor avanzó con una denuncia penal en contra del Gobernador.

El nuevo cálculo para el pago de aportes a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), que decretó el Gobierno provincial, entrará a la órbita judicial.

Por una parte, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) capitalino anticipó que avanzará sobre el eje administrativo en la justicia: presentará una medida cautelar solicitando que se desestime el nuevo esquema.

Por otra parte, el opositor Hugo Ávila avanzó vía penal. Según informó, ya presentó una acusación contra el Gobernador por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con el cargo.

El Decreto Acuerdo del Gobierno que se cuestiona -y que se encuentra en plena vigencia- reemplazó la base del Salario Mínimo Vital y Móvil por el 80% del “promedio entre las remuneraciones mínimas mensuales” de los agentes estatales.

A través de las redes sociales, la secretaria adjunta de la entidad gremial municipal, Eugenia Varela, fue la encargada de comunicar: “El descontento y la disconformidad por lo dispuesto por el Gobierno, tras el Decreto Acuerdo puesto en vigencia que hizo una serie de modificaciones y que afectan sin duda el salario de los trabajadores, no solo de los municipales sino de la generalidad”.

Sobre este eje, la dirigente sindical remarcó que: “Nuevamente los trabajadores estamos siendo objeto de maniobras abusivas, arbitrarias, compulsivas, obligatorias” para recordar que en el 2018 se “impuso” un aporte solidario escalonado cuyo objetivo era sanear las finanzas de la OSEP. Varela reclamó que no se puede permitir: “Que nuestro recibo de haber se convierta en una herramienta de recaudación” e ilustró el impacto que tiene el Decreto en los bolsillos de un agente capitalino: “Tengamos en cuenta que la aplicación del 4,5% en el total de los haberes a un trabajador municipal Categoría 1 que cobra 560 mil pesos, implicaría un descuento de 25 mil pesos aproximadamente y en un Categoría 11, casi 50 mil pesos”.

“¿Quién garantiza que detrás de todas estas imposiciones y que repercuten en nuestro salario tendremos un servicio de salud óptimo y eficaz? ¿Quién garantiza que los profesionales médicos dejarán de cobrar el plus?” planteó la adjunta del SOEM.

En este marco, la coconductora del SOEM anticipó que desde el Sindicato se realizarán presentaciones ante el Municipio y el Gobierno provincial: “Para que, en conformidad a lo que establece nuestra Constitución, dé la intervención al poder Legislativo para el correspondiente tratamiento, evaluación y valoración de este decreto acuerdo”.

Al respecto, cabe mencionar que el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura iniciará el primero de mayo. No obstante, el instrumento en cuestión ya ingresó a Diputados, con lo cual, queda pendiente de que los legisladores lo ratifiquen o lo rechacen.

Al margen de eso, Varela anticipó que desde el SOEM: “Vamos a presentar una medida cautelar, para que se desestime esta base de cálculo de la aplicación del 4,5 por ciento sobre el total de las remuneraciones o sobre el 80 por ciento del promedio ponderado de un sueldo mínimo”.

A la vez, el Sindicato capitalino avanzará con “un recurso de amparo para que cese el cobro del Plus Médico que aplican los profesionales”.

Penal

Por su parte, el diputado Hugo Ávila aseguró que ya presentó una acusación en contra del mandatario provincial: “No tengo más margen, pero tengo que denunciarlo penalmente al gobernador Raúl Jalil” dijo para señalar que: “Está en curso en el delito de abuso de autoridad, está en curso en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y de negociaciones

incompatibles con el cargo que ejerce y también está en curso en un grave conflicto de intereses”.
Según comentó el legislador opositor, la modificación de la base de cálculo para los aportes a OSEP: “Es un robo inmenso que lleva adelante el Gobernador en contra de todos los trabajadores estatales”. Es que, explicó, el decreto significa: “Que los trabajadores aporten el doble, o más del doble, a OSEP, que como todos sabemos, el 90% de los recursos van a una empresa del Grupo Jalil”. Ávila aseguró que el decreto del Ejecutivo provincial es “inconstitucional” y consideró que “no hay posibilidad de firmar un decreto de necesidad y urgencia porque no hay necesidad ni urgencia”.