Aproximadamente 2.000 pagarés con la firma de Bacchiani fueron incorporados a la quiebra por supuestos acreedores, engrosando la cantidad de personas que buscan un resarcimiento.

Cerca de dos mil pagarés con la firma de Edgar Adhemar Bacchiani incorporados a su quiebra fueron recurridos o ‘protestados’ sin éxito por el mismo Bacchiani y sus acreedores, exigiendo que sean sometidos a una pericia caligráfica para determinar su autenticidad.

La pesquisa les fue denegada reiteradamente por la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, María Virginia Cano, quien lleva adelante la tramitación de la quiebra desde que fue declarada en el año 2022.

En octubre de 2024, ese juzgado declaró como verificados a 854 créditos (acreedores). Nueve fueron considerados inadmisibles y a cuatro directamente los desestimaron.

La deuda por la quiebra supera ampliamente los 11 mil millones de pesos, sin computar intereses.

Con la decisión de la jueza Cano, casi 2.000 pagarés que tienen estampada la firma de Bacchiani pasaron a engrosar el universo de acreedores a quienes deberá responder, si por otra parte la misma magistrada decide que se avance con la ejecución de sus bienes.

Bacchiani y los damnificados realizaron sendos planteos ante ese juzgado y ante la Justicia Federal reiterando en vano la pesquisa técnica, advirtiendo que la denegación provoca una mora inexplicable en la tramitación de la quiebra y en el resarcimiento de los damnificados.

Bacchiani dijo en sus declaraciones que no reconocía a esos acreedores.

Remates

La orden de la jueza de rematar tres inmuebles fue rechazada por la defensa de Bacchiani, a cargo del ex fiscal Exequiel Walther, quien el 21 de marzo de este año adelantó que pedirá una nueva suspensión del remate, hasta que la sentencia de la quiebra en el Juzgado de Cano quede firme.

«Mientras tanto no se puede saber quiénes son los reales acreedores y el dinero que pudiera recaudarse perderá valor», reclamó Walther en su planteo.

El remate de los tres bienes inmuebles que había sido anunciado la semana del 21 de marzo había sido intentado en 2023 pero se postergó. «Con el equipo de abogados hicimos un planteo entendiendo que no era prudente ni pertinente el remate, en atención a las cuestiones económicas reinantes en aquel momento. Estábamos convencidos de que cualquier tipo de subasta iba a ser perjudicial para el gran número de acreedores porque se iba a depreciar innecesariamente el dinero y no era necesario el remate en ese momento. Se acabó lo que se daba», aseguró el defensor.

«No existe una sentencia firme de la quiebra que declare cuáles son los acreedores reales y están en trámite los recursos de reconsideración planteados en noviembre del año pasado. No tenemos certeza jurídica de quiénes tienen la real posibilidad de buscar sus acreencias y quiénes no. Entendemos que no varió la situación de un remate a otro. Tampoco entendemos cuál es el apuro por rematar, porque es muy factible que el dinero que se pudiera llegar a conseguir se siga depreciando en una cuenta o en una caja de ahorro», señaló.

Querellas

De igual manera el malestar de las querellas es recurrente y se manifiesta a través de reiteradas presentaciones ante la Justicia Federal y el Juzgado Comercial.

«Hemos repetido varias veces el pedido de pericias caligráficas pero no obtenemos respuesta. Lo hemos pedido muchas veces», explicaron desde una querella.

Dijeron además que la falta de reacción de la jueza llevó a los damnificados a pensar en una especie de «teléfono descompuesto» entre la Justicia Federal y la de Ejecución. «Al final no sabemos si se mandan los oficios (del fuero Federal) o no», reclamaron, recordando que no se halló dinero en las cuentas de Bacchiani.