Cano llevaba 46 expedientes promovidos por Werfil Vega con el patrocinio de Grisel Gordillo, la pareja de Mario Del Campo. Hay una presentación contra la jueza en Sumarios de la Corte.

El fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla tiene una denuncia penal vinculada a las estafas procesales que se planteó a mediados de nocviembre de 2023 contra de la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, María Virginia Cano. Una prsentación de similar tenor se realizó en la misma época en la Secretaría de Sumario de la Corte de Justicia.

La acusación fue hecha por el feriante José Lisandro Herrera, quien acusó en principio a José Werfil Vega, uno de los miembros de la asociación ilícita cuyo liderazgo Costilla atribuye a Mario Del Campo, por pretender ejecutarle una deuda inventada de $6.900.000 por medio de un pagaré evidentemente adulterado, que la jueza Cano convalidó.

En ese proceso de ejecución, Vega era patrocinado por la abogada y pareja de Mario Del Campo, Grisel Rocío Gordillo, también imputada en la causa por las estafas procesales.

Herrera marcó en su denuncia que en el Juzgado de Cano se gestionaban nada menos que 46 expedientes por cobros de deudas instigados por Vega y con el patrocinio de Gordillo, y que las firmas de Vega diferían de una causa a otra.

Herrera interpuso la denuncia en Fiscalía General, que la giró a la Fiscalía de Costilla.

Días después hizo una ampliación en la puso el foco en las firmas “truchas” a su nombre y a nombre de Vega, la manipulación del expediente que habían hecho Del Campo y Gordillo y el consentimiento que había prestado la jueza Cano para tal fin.

En la ampliación, el feriante involucró directamente a Del Campo, quien había retirado documentación con la anuencia del Juzgado sin estar autorizado para ellos.

Omisión

En la acusación or la asociación ilícita conformada para estafar por medio de fraudes procesales, Costilla no menciona a Cano ni a los otros jueces Comerciales y de Ejecución. Corta la cadena de responsabilidades en empleados de menor rango, entre los cuales hay cuatro que trabajaban en el Juzgado de Cano.

Se trata de Aldana Soledad Santisteban de Ahumada, en su carácter de escribiente de la Secretaría N° 2; Ernesto Gabriel Hernández, oficial de la Secretaría N° 2; Ramón Rafael Rolando Rodríguez, el oficial principal de Secretaría de Quiebras; y Ramón Eduardo D´Abate, jefe de Despacho de la Secretaría N° 2.

Denuncia

En la denuncia ante la Fiscalía General, Herrar precisó que había tomado conocimiento de que en el juzgado de Cano se estaba llevando adelante una demanda ejecutiva en su contra por no haber abonado un pagaré por $6.900.000 a favor de Vega, a quien aseguró no conocer.

La demanda había sido promovida por Vega el 1 de agosto de 2023, con el patrocinio de Gordillo.

Herrera señaló que el pagaré había sido adulterado a los fines de que se concretar la ejecución en su contra, obtener sentencia de trance y remate y conseguir el embargo preventivo de un camión de su propiedad, con el que trabajaba como feriante y sostenía a su familia.

Entre las anomalías del pagaré, destacó que una de las fechas estaba tapada con un sello con la leyenda “ORIGINAL”.

También desconoció su firma como apócrifa y pidió en el Juzgado de Cano que se procediera a la pericia caligráfica, pero se negaron.

En la denuncia penal que Costilla debería tener en su poder aún, pero que no incluyó en el relato de los hechos para sustentar la acusación contra Del campo y sus cómplices, el feriante resaltó que la ley obliga a la jueza Cano a examinar el pagaré.

También denunció que la secretaria Nº 1 del juzgado, Liliana Batallán Ocampo, había manifestado que el pagaré ejecutado era válido y cumplía con todos los requisitos legales para su ejecución, a pesar de la ostensible adulteración, y que así lo había decidido la jueza Cano.

Ante esta situación, Herrera pidió que se investigara a Vega por posibles delitos de “estafa” y “falsificación y uso de documento privado”, pero que también a la jueza Cano por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Curiosidades

En la ampliación de la denuncia, ya ante Costilla, Herrera destacó la existencia de varias firmas de Vega que no eran coincidentes entre sí.

Además, notó que el 3 de octubre de 2023, en el expediente, Del Campo había retirado del juzgado una cédula de notificación dirigida a él (por Herrera), la cual nunca fue le había sido entregada, y un oficio dirigido al Registro de la Propiedad Automotor a los fines de que este último anotara el embargo sobre su vehículo.

Herrera remarcó que Del Campo no se encontraba autorizado en el expediente para realizar ningún tipo de acto. Por eso, se vio sorprendido por el hecho de que el juzgado de Cano le permitió no tan solo manipular el expediente, sino además realizar actos propios de los interesados del proceso.

En este punto, el denunciante remarcó la connivencia entre Vega y Del Campo, con el consentimiento del juzgado de Cano.

Según la denuncia, Vega promovió unas 46 causas de ejecuciones comerciales, recusando -sin causa- al Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Tercera Nominación, con el fin de tener más posibilidades que sus causas se radiquen en el juzgado de Cano.

La denuncia de Vega es importante en el marco de la investigación contra la asociación ilícita supuestamente comandada por Del Campo. Los fraudes procesales no podrían haberse perfeccionado sin la firma de los jueces.

Jueza

Los pliegos de María Virginia Cano fueron aprobados en el Senado el 3 de octubre de 2019. Así como fue denunciada por el feriante, también hay una presentación de tenor similar en la Secretaría de Sumarios de la Corte.

Durante la semana pasada, este diario solicitó entrevistar a la jueza Cano y otros jueces Comerciales, pero no obtuvo una respuesta positiva.

José Vega y las firmas “truchas”

Werfil Vega se despegó de la banda de los usurpadores.

El abogado Orlando Barrientos, su defensor, dijo que a su cliente lo acusan de haber ejecutado más de 100 millones de pesos por medio de documentos en un Juzgado Comercial.

Luego, explicó que Vega negó haber firmado esos documentos y deslizó que la abogada Rocío Grisel Gordillo, también imputada, utilizó la firma de él.

Esto se debe a que Gordillo poseía los datos personales de Vega porque lo había defendido hace unos ocho años en una causa por tráfico de drogas.