La iniciativa de la oposición busca evitar estafas telefónicas, pero manteniendo canales de comunicación controlados que respeten los derechos de los presos.

La diputada provincial Silvana Carrizo presentó, junto con otros legisladores de la oposición, un proyecto que busca regular el uso de celulares y medios tecnológicos en las cárceles de la provincia de Catamarca. La propuesta surge como respuesta a la problemática de estafas telefónicas realizadas desde los servicios penitenciarios.

“Este proyecto es un conjunto de toda la oposición, es de diputados de la Unión Cívica Radical, diputados del PRO y de la Libertad Avanza. Viene de un trabajo que se viene dando en la Cámara de Diputados debido a un proyecto que hay del oficialismo, que parte de la prohibición total del uso de celulares y medios informáticos en la cárcel”, afirmó Carrizo esta mañana durante una entrevista de Radio El Esquiú 95.3. La diputada explicó que la iniciativa surgió tras reuniones con la Comisión Antitortura que visitó la provincia y que recomendó buscar alternativas que respeten los derechos de los internos.

“Estamos hablando de personas que están privadas de su libertad y que, más allá de que hayan cometido hechos delictivos, tienen que respetar también sus derechos, principalmente su derecho a la dignidad como persona, y a partir de ahí hay muchísimas reglamentaciones, muchísimas convenciones internacionales, leyes nacionales, que regulan sobre esto”, planteó.

A continuación, aclaró que el proyecto busca bloquear la señal de telefonía celular en ciertos casos, pero permitir la comunicación controlada, garantizando que los internos puedan comunicarse principalmente con sus familias y respetando sus derechos: “Nosotros vamos a una regulación, a una regulación donde se bloquea también señal, pero se permite la comunicación, ya sea a través de telefonía fija o telefonía celular, e incluso cuando se realicen esas llamadas de una manera controlada, la persona con la que se comunican sepa que esa comunicación viene de tal servicio penitenciario”.

“Lo que pretendemos nosotros es una regulación dando respuesta a la sociedad justamente de que no quieren verse vulneradas en sus derechos por estos llamados y estafas telefónicas de personas que están privadas de su libertad”, señaló la diputada opositora.

Finalmente, enfatizó la importancia de adecuar la normativa provincial a las convenciones internacionales y garantizar que las leyes se cumplan de manera efectiva.