Lo hizo con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 713/2024. Para los próximos días se espera que continúe con el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI) y la reforma laboral.

El Gobierno reglamentó este lunes los capítulos de la Ley Bases dedicados a la reforma en los contratos de obra pública. Lo hizo poco más de un mes después de su aprobación en el Congreso y avanzó así en la misma dirección que tomó hace una semana cuando hizo lo propio con los apartados sobre privatizaciones y reforma del Estado.

Este lunes, en tanto, publicó la reglamentación de otro tramo por intermedio del Decreto 713/2024, que contiene tres anexos, firmado por Javier Milei, así como también por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

El apartado contempla la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública y de provisión de bienes y servicios superiores a los $ 10 millones y que hayan sido celebrados antes del 10 de diciembre de 2023, con excepción de los contratos cuya ejecución fuera del 80% al momento de la sanción de la ley o que cuenten con financiamiento internacional.

El artículo 1° del documento dispuso la aprobación «de la Reglamentación de los artículos 63 al 65 del Capítulo I del Título III de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742», mientras que el Artículo 2° determinó lo mismo pero con «los artículos 66 a 72, 74 y 75 del CAPÍTULO II del TÍTULO III».

Por su parte, el Artículo 3° marcó la aprobación del «Régimen de Iniciativa Privada que como ANEXO III (IF-2024-83608424-APN-SPEN) forma parte integrante del presente, el que alcanza entre otros, los sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328». «Tales disposiciones serán aplicables a las iniciativas privadas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Régimen», aclaró el Gobierno en ese punto.

Las nuevas normas, explicó el Gobierno, «tienen como propósito brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren al igual que incentivar la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de infraestructuras públicas».