Devaluación de la participación
Las audiencias públicas, como mecanismo de participación ciudadana, vienen perdiendo el interés de los ciudadanos. La situación es paradójica en un escenario de fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos. El enojo de la gente es evidente, pero solo se expresa a través de las redes sociales y en los espacios virtuales que se habilitan a través de los medios de comunicación. De esta manera, las vías creadas para la participación ciudadana, en el contexto de un gobierno democrático, atraviesan por la devaluación como prestigiosos institutos de los ‘90, tal como el que atraviesa a instituciones tradicionales como el parlamento, la Justicia o la Iglesia.
El viernes último, el Ente Regulador de Servicios Públicos convocó a una audiencia pública para tratar el pedido de incremento del agua que, según la empresa, debería ser de un 160%, una cifra que es significativa ya que el último aumento fue en diciembre del año pasado cuando Aguas de Catamarca pidió un incremento del 296% y el ENRE lo concedió. A diferencia de otras épocas en las que el organismo se preocupaba por establecer algún mecanismo de selección a quiénes pretendían participar sin haber cumplido con el trámite formal de la inscripción, esta vez, casi que agradecían que hubiera algún vecino presente como para legitimar la puesta en escena de la audiencia pública.
En este caso, hubo solo un inscripto de manera formal, el diputado Alfredo Marchioli, y luego algunos vecinos que se acercaron para expresar su enojo con los problemas que la empresa tiene para la prestación del servicio, más que con la propuesta de incremento presentada. Incluso, se escuchó un reclamo por la calidad del agua en Antofagasta de la Sierra, aunque el servicio que presta la empresa se ajusta solo al Valle Central.
Lo cierto es que no se trata de la decadencia de la cultura participativa que se refleja en la interactividad en las redes sociales, sino un descreimiento fundamentado por los tantos años en los que la voz del público no tuvo incidencia en el resultado final. Tampoco se trasladó a la audiencia el debate político porque legisladores del oficialismo tampoco estuvieron presentes y dejaron que la empresa soporte en soledad los distintos embates.
Tampoco se podría achacarle al ENRE la falta de publicidad de la convocatoria ya que habilitó distintas vías (formales y virtuales) para inscribirse y participar. En cambio, sí podría admitirse que el tiempo para la inscripción fue escaso ya que la convocatoria previó solo cinco días. El régimen de audiencia contempló también la figura del defensor de los usuarios que no tuvo incidencia porque no había interesados para representar.
Las audiencias públicas para la participación de los ciudadanos surgieron en los ‘90 a partir de la privatización de los servicios públicos y con los nuevos derechos contemplados en la reforma constitucional del 94. Históricamente, no fueron convocatorias multitudinarias, pero tenían alguna incidencia en la definición de políticas públicas.
Los nuevos modos para el ejercicio de la ciudadanía, a partir de la vigencia de las nuevas tecnologías, demandan también la modernización de estos mecanismos habilitados para la participación, de tal manera que la opinión de los ciudadanos alcanzados por los aumentos tenga un lugar para la expresión y sea reconocida como legítima.