El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció medidas contra jueces, fiscales, políticos y un experto en aeronavegación. Ya había pedido la detención del presidente Javier Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich

El régimen de Nicolás Maduro escaló este lunes la tensión diplomática con Argentina al emitir órdenes de captura contra varios funcionarios judiciales y figuras públicas argentinas relacionadas con el caso de Emtrasur, el avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció que se han solicitado órdenes de aprehensión contra el diputado Gerardo Milman, los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

La lista de personas buscadas se extiende también al diputado Ricardo López Murphy, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires Waldo Wolff, el legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro, la abogada María Eugenia Talerico, el abogado Leonardo Camicher, los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona, Diego Iglesias y Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial.

obo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.

Las autoridades argentinas aún no han respondido oficialmente la medida, que representa un nuevo punto de inflexión en la fuerte crisis diplomática que atraviesan ambos países, comenzada con la llegada de Javier Milei a la Presidencia argentina y que se agravó tras las fraudulentas elecciones presidenciales en el país caribeño.

El caso por el cual el régimen de Maduro impulsa la captura de los funcionarios argentinos es el de un avión venezolano-iraní, cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la Presidencia y por pedido de Washington.

El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, partió rumbo a Estados Unidos el 12 de febrero, pese a las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina.

Antes de la órdenes de hoy, la dictadura de Maduro ya había emitido una orden de aprehensión contra Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

En ese entonces, Argentina respondió expresando su repudio a las órdenes de captura y destacando que el caso de Emtrasur fue «resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».

«El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro», afirmó la Cancillería argentina en comunicado.

Tras décadas de sintonía entre ambas naciones -desde el vínculo entre los ya fallecidos Néstor Kirchner (2003-2007) y Hugo Chávez (1999-2013) hasta la participación de Alberto Fernández (2019-2023) en contactos pro diálogo en Venezuela-, Milei y Maduro encarnan un duelo ideológico y sin freno en lo discursivo que, ahora, además, tiene su correlato judicial y diplomático.

La controversia por Emtrasur sigue a otras similares que han tenido lugar desde las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, en las que Maduro se declaró ganador en un resultado considerado fraude por una parte de la comunidad internacional, incluida Argentina.

El 6 de septiembre la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra Maduro y «otros cabecillas del régimen», ante «el agravamiento de la situación» después de los comicios presidenciales, tras reincorporarse en julio a la denuncia contra el país caribeño ante la CPI interpuesta en 2018 por varias naciones.

Además, a mitad de mes, los fiscales argentinos Carlos Stornelli —uno de los apuntados por la orden de captura de la dictadura chavista de hoy— y José Agüero Iturbe reclamaron a la Cámara Federal de Buenos Aires una orden de indagatoria y captura de Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también alcanzó a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un «plan sistemático».

Incidente diplomático mayor

El episodio más resonante de los últimos meses fue, sin embargo, la expulsión de los diplomáticos argentinos de la embajada en Caracas por parte del régimen de Maduro, en respuesta a la denuncia de fraude del Ejecutivo de Milei, cuestión especialmente sensible dado que la sede diplomática del país suramericano brindaba asilo a seis opositores venezolanos.

Ante esto, el Gobierno de Brasil aceptó a comienzos de agosto hacerse cargo de la sede y asumir el cuidado de los opositores asilados allí; algo que, sin embargo, generó nuevas asperezas con Venezuela, que a comienzos de este mes anunció que revocaría la autorización del gigante suramericano para custodiar el edificio y abrió un nuevo capítulo de las tensiones diplomáticas regionales.