El miércoles, la Justicia emitió un nuevo fallo contrario al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Y es que el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, con la firma del juez subrogante Alejo Ramos Padilla, determinó que el mega decreto no tiene las facultades para avanzar con la privatización del Banco Nación.
El fallo responde a una acción judicial iniciada por trabajadores de la entidad, quienes alegaban que tanto el DNU como las resoluciones internas del directorio del banco no eran suficientes para cambiar la naturaleza jurídica de la entidad.
En ese sentido, el magistrado resolvió que estos elementos no habilitaban al gobierno sortear la necesidad de una ley del Congreso Nacional para avanzar con un proceso de esta naturaleza contra un ente autárquico.
«El DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del BNA no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria», indicó Ramos Padilla en su sentencia.
En este sentido, el fallo remarca que solo con la aprobación legislativa sería posible modificar la Carta Orgánica del banco y proceder a la transformación de la entidad.
Asimismo, los artículos del DNU 70/2023 que el Banco Nación interpretaba como base para su transformación en sociedad anónima fueron rechazados por el magistrado.
En tanto, el juez consideró que la resolución 348 de la institución, mediante la cuál contrató un estudio jurídico para dar asesoramiento jurídico sobre la restructuración del BNA a Sociedad Anónima, «agotó su cometido según lo informado por la entidad bancaria en el plazo conferido»
«Se sustentaba en una interpretación del art. 48 del DNU 70/2023 que en el contexto actual y luego de ser sancionada la ‘Ley Bases’ no resulta sostenible», indicó el magistrado. Y añadió: «Queda en evidencia que no es posible que el Directorio del BNA modifique la situación jurídica de la entidad».
Por otra parte, frente al pedido de una medida cautelar y una declaración de inconstitucionalidad, se alegó que el objeto de la demanda se tornó abstracto por cuanto cambiaron las condiciones desde el momento de la presentación de la acción contra el decreto de Milei y la resolución de la entidad.
De esta forma, la resolución sienta un antecedente ante la situación jurídica del Banco Nación, marcando límites en la utilización de decretos para avanzar en privatizaciones sin pasar por el ámbito legislativo.