Según datos del Observatorio «Mujeres, Disidencias, Derechos» de MuMaLá, quienes mostraron preocupación ante el ajuste en las políticas públicas de acompañamiento y contención.
En medio de los recortes a las políticas públicas para prevenir la violencia y asistir a sus víctimas, la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) informó que entre el 1° de enero y el 30 de agosto, Argentina registró un total de 146 femicidios, lo que equivale a un femicidio cada 40 horas.
Las dolorosas cifras que aportó el observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de MuMaLá cuentan además que producto de esos crímenes, 135 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madres. A partir de los datos analizados, el organismo concluyó que, además, se documentaron 361 intentos de femicidio durante el mismo período.
«Hubo un incremento del 10% de los femicidios» en relación a la cantidad de crímenes del mismo tipo «perpetrados durante julio», señalaron. Al respecto, apunta que la situación crítica se profundizó a raíz de los recientes recortes al Programa Acompañar y los masivos despidos de trabajadores de la Línea 144 para asistir a personas en situación de violencia. Además, MuMaLá reveló que «de los 146 femicidios reportados, solo el 14% había realizado una denuncia antes del crimen, mientras que durante el mismo periodo de 2023, el 20% había realizado denuncias».
Otros datos de relevancia que reportó la organización sobre las mujeres que fueron víctimas del grado más grave de violencia fueron los siguientes:
. El 51% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas
. El 37% fue asesinada por un arma blanca
. El 55% fue asesinada en su vivienda
. El 25% de los femicidios ocurrió durante la madrugada
. El 42% de las mujeres tenía hijos o hijas
. El 10% estuvo desaparecida
. El 35% vivía con su agresor
. La edad promedio de las víctimas es de 37 años
Por otro lado, se detalló información clave sobre los agresores de las víctimas relevadas. Por ejemplo, se constató que la edad promedio de los femicidas de este año fue de 41 años; que el 15% se suicidó o lo intentó; que el 14% tenía antecedentes penales por violencia de género; que el 9% abusó sexualmente de la víctima; que el 15% asesinó a una tercera persona; y que el 7% pertenecía a las fuerzas de seguridad.
Por último, el reporte indicó que la mayoría de los femicidios ocurrieron en la provincia de Chaco, seguida por Santa Cruz, y luego por San Luis.
«Desde el inicio del mandato presidencial de Javier Milei, hemos observado un preocupante retroceso en las políticas públicas orientadas a abordar estas cuestiones críticas. La institucionalidad relacionada con los derechos de género se ha debilitado notablemente, afectando tanto el acceso a información como los derechos fundamentales que deberían estar garantizados para mujeres y diversidades», recalcó la organización feminista.
Victoria Aguirre, vocera nacional de la organización, expresó su preocupación por el dato de que «solo el 14% de las víctimas había realizado denuncias previas antes del femicidio», ya que pone en evidencia «el desfinanciamiento de los programas y el desmantelamiento de las líneas de asesoramiento para la prevención y erradicación de las violencias por motivo de género».
«Somos testigos del retroceso en las políticas públicas relacionadas con género y diversidad», espetó, y consideró que en este contexto, «es fundamental que el Estado garantice la implementación efectiva de la ley 26.485 sancionada en nuestro país en 2009 y los compromisos internacionales del Estado argentino».
«El negacionismo frente a esta problemática solo perpetúa acciones violentas e incrementa situaciones de peligro para las mujeres, especialmente durante crisis económicas como la actual».