Un jury de enjuiciamiento destituyó a la jueza Norma Abate de Mazzuchelli tras haber sido filmada pidiendo una coima de ocho millones para tramitar una sucesión en la provincia de La Rioja.
El jurado decidió declarar a la jueza riojana culpable de mal desempeño de sus funciones “como magistrada de la función judicial” de La Rioja y también la destituyó de su cargo en virtud de “las conductas lesivas para los intereses de la sociedad”.
El escándalo protagonizado por la jueza derivó en dos causas distintas: una penal en la que está imputada por el delito de concusión y un proceso de juicio político en el que se definió su mal desempeño, se la removió de su cargo y, por ende, perdió los fueros.
La primera en declarar en la causa ayer fue Saavedra, la denunciante. Se trata de una mujer que administraba una sucesión familiar y había visitado a la jueza porque el expediente permanecía aletargado. Cuando llegó al despacho, Mazucchelli le pidió ocho millones de pesos por su labor en la sucesión, con el argumento de que su sueldo de funcionaria era bajo. Después disminuyó el precio a cinco millones. Ese intercambio quedó filmado.
El 15 de mayo, Saavedra denunció a la jueza. En su presentación también dijo que Mazzuchelli le envió emisarios a presionarla para que pagara por el “reconocimiento”.
La víctima declaró ante un jurado compuesto por seis miembros, que decidió que la jueza sea condenada y removida de su cargo.
La primera audiencia del juicio fue este lunes, pese a que el debate debía comenzar el 2 de julio. Esto se debe a que las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja aceptaron diferentes recursos pedidos por la defensa de Mazzuchelli para suspender el debate.
En un comunicado oficial, el TSJ, presidido por la jueza Gabriela Asís, dejó en claro que se había podido fijar fecha tras “sucesivas sesiones donde se resolvieron todos los planteos formulados por la magistrada acusada, entre ellos las recusaciones planteadas”.
En aquella oportunidad, argumentó que la suspensión del juicio “se realizó pensando en que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías y obligaciones previstas por ley y de esta manera, prever cualquier nulidad que pudiera producirse con posterioridad al inicio del juicio e incentivando que estos órganos funcionen normalmente”.
