En la actualidad, Argentina se prepara para un cambio revolucionario en el sistema de pagos electrónicos. Las tarjetas, esos pequeños rectángulos de plástico que se han convertido en una extensión de nuestras billeteras, están a punto de recibir un blindaje adicional gracias a una innovadora disposición de la Secretaría de Comercio.
Para ser más específicos, la resolución 87/2024 marca un antes y un después en la forma en que los comercios manejarán las transacciones con tarjetas de compra, crédito y débito. A partir de septiembre, los establecimientos, incluidas las estaciones de servicio, deberán proporcionar a sus clientes terminales de pago inalámbricas. Este cambio aparentemente simple tiene implicaciones profundas para la seguridad financiera de los consumidores.
Está medida busca poner fin a una práctica que, aunque común, ha sido fuente de preocupación para muchos: la retención de tarjetas y documentos de identidad por parte de los comerciantes. Con la nueva normativa, los usuarios mantendrán el control físico de sus tarjetas en todo momento, reduciendo así el riesgo de fraudes y estafas.
Los comercios han contado con un generoso plazo de 180 días para adaptarse a la nueva normativa. Aquellos que no cumplan con las disposiciones a partir de septiembre se enfrentarán a sanciones estipuladas en la Ley de Defensa del Consumidor. Para facilitar la denuncia de incumplimientos, se han habilitado canales en línea y en redes sociales, permitiendo a los ciudadanos ser protectores activos de sus derechos como consumidores.
Ante cualquier eventualidad, será posible efectuar denuncias en la página de reclamos del consumidor o mediante las redes sociales de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor: @DNDConsumidor, disponibles en X, Instagram y Facebook.
El respaldo a esta disposición ha sido unánime en el último Consejo Federal de Consumo, donde representantes de todas las provincias expresaron su apoyo. Las estadísticas respaldan la urgencia de la iniciativa, en 2023, por ejemplo, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor registró casi 7.000 denuncias por fraudes y estafas en operaciones financieras.
«Esta medida mejora la experiencia de pago del usuario, dándole celeridad para pagar y, por sobre todas las cosas, mejora la seguridad ya que nunca pierde control sobre sus tarjetas», expresaron las autoridades, destacando los beneficios duales de la iniciativa: eficiencia y seguridad. La implementación de esta normativa, representa un paso significativo hacia un ecosistema de pagos más seguro y transparente. Dicha resolución promete redefinir la interacción entre consumidores y comerciantes, fortaleciendo la seguridad en las transacciones cotidianas.