Se acabaron los halagos y la dócil entrega de fondos públicos para las entidades y proyectos motorizados por las Madres de Plaza de Mayo. También la vista gorda de algunos magistrados respecto de los papeles con los que ese dinero es reclamado. Este viernes, el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials rechazó un amparo presentado por la Universidad de las Madres, que reclama el envío de casi 557 millones de pesos.
En abril, la organización educativa exigió «el cese automático de la retención que, en concepto de fondos, discriminados e indiscriminados, conforme al presupuesto previsto el Estado Nacional». La Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo reclamó el pago de 556.666.693,67 pesos, «que a la fecha el Estado Nacional no materializó”.
La pretensa Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA) fue creada el 12 de octubre del año 2023, como heredera del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (2015), que a su vez había sido sucedáneo de la más gaseosa Universidad Popular de las Madres, iniciada en 2010. Ese desfiladero administrativo se transformó en un laberinto, cuya salida natural, para los demandantes, es la vigencia de todos los derechos correspondientes a cualquier otra universidad nacional, que estarían siendo incumplidos.
No lo ve así el gobierno. En el expediente judicial, el ministerio de Capital Humano -del cual dependen la secretaría de Educación y la subsecretaría de Políticas Universitarias- afirmó que la entidad «no tiene aprobada su puesta en marcha como universidad», porque no se aprobó su proyecto institucional. Por eso, para empezar, «no tiene capacidad para entablar la demanda» ni «aptitud para esta en juicio».
El papeleo acelerado durante el gobierno de Alberto Fernández no habría seguido los pasos legales correspondientes, como la clave aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), sin cuyo dictamen es imposible la aprobación de ninguna institución de educación terciaria, y menos una universidad.
Y hay lugar para una pequeña sorpresa: «La falta de puesta en marcha de esta Universidad ya había sido señalada durante la anterior gestión del entonces Ministerio de Educación de la Nación, y que en ese sentido, diversas personas pretendieron efectuar una votación de autoridades para la Universidad Madres de Plaza de Mayo, lo que fue descalificado tajantemente por el Secretario de Políticas Universitarias de ese Ministerio, mediante una nota fechada el 6 de diciembre de 2023», respondió el gobierno en el expediente. Es decir cuatro días antes de que Javier Milei llegase al poder.
En esa votación supuestamente irregular fue designada como rectora la exfiscal Cristina Caamaño, otro viejo cuadro kirchnerista cuya última función pública fue como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández.
En una resolución firmada este viernes -en plena feria judicial- el juez Cayssials rechazó la pretensión de la UNMA, por motivos de forma y de fondo que son claves para vislumbrar el futuro de otras presentaciones judiciales con las que se pretende objetar medidas del gobierno.
«Es requisito fundamental para admitir la pertinencia de medidas cautelares contra actos administrativos, la comprobación de su manifiesta ilegalidad o arbitrariedad», dice el magistrado. «De conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación, corresponde descalificar la medida cautelar que produce los mismos efectos que si se hubiese hecho lugar a la demanda, pues la finalidad de dichas decisiones es asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable mas no lograr el fin perseguido anticipadamente». Es decir que no pueden otorgase amparos que terminen resolviendo sin el debido proceso los resultados que deben ser fruto de un análisis completo.
Estas condiciones no se cumplen en la pretensión de la Universidad comandada por la doctora Caamaño. «La cautelar solicitada exige un análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya naturaleza y extensión han de ser dilucidadas en el marco de otro proceso.»
El juez Cayssials advierte que en este caso «se discute un reclamo patrimonial, el cual puede y debe ser encauzado por la vía del proceso de conocimiento, ya que en dicha cuestión no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable», que es otra de las condiciones necesarias para reclamar una medida cautelar.
Si el gobierno y la Universidad de las Madres no lograran acordar una salida al conflicto, y la ministra Pettovello insistiera en el argumento de que la institución es irregular y por eso no debe recibir el presupuesto que reclama, el actual conflicto educativo, gremial y económico también pasaría a ser político: envueltas en varios conflictos penales por el sospechoso destino de fondos públicos que les fueron cedidos, las Madres son otro de los emblemas sagrados del kirchnerismo. Eso mismo las convierte en un bocado apetecible para las fauces del león.
