Mediante una resolución, se decidió que todos los trámites deberán ser autorizados por la ministra Alejandra Nazareno. La medida rige desde la segunda semana de este mes.
Mediante la Resolución nº476 del Ministerio de Economía de la Provincia se resolvió que, en el marco de la Emergencia Económica vigente, será la ministra Alejandra Nazareno la encargada de supervisar y autorizar todos los expedientes de compras de bienes de capital y los pedidos de incremento para los fondos rotatorios y fondos transitorios. Además, se encargó a los ministerios un inventario y auditoría del uso de los bienes que tienen disponibles, con el objetivo de optimizar los recursos.
La resolución, con fecha del 8 de julio, se conoció este último viernes en el Boletín Oficial. Allí se establece que «en todos los trámites de adquisición de bienes de capital se deberán enviar los pedidos, debidamente fundados con la documentación correspondiente, a la titular del Ministerio de Economía para su conocimiento y correspondiente autorización». Además, se detalló que esta medida también se aplicará en todos los trámites de apertura y ampliación de fondos rotatorios principales y especiales y de uso de fondos transitorios.
Asimismo, se decidió que la Secretaría de Modernización deberá emitir informe técnico en todos los pedidos de compras de bienes y sistemas informáticos de los organismos de la Administración Central, Organismos Centralizados, Descentralizados, Autárquicos, Empresas Estatales y Sociedades del Estado, y que esto también deberá ser informado a la ministra de Economía.
Por otra parte, se encargó al resto de los ministerios y organismos del Estado que, en un plazo de 30 días, actualicen su inventario de bienes y su estado, de los cuales sean titulares o se encuentren usufructuando, debiendo éste ser presentado ante la Contaduría General de la Provincia. Esto se debe a que Economía tiene la misión de realizar un «sistema de administración de bienes que permita su mayor optimización y auditoría del uso».
Todo esto se inscribe en los términos de la Ley de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa del Estado Provincial, que fue promulgada el 18 de junio. Puntualmente, esta resolución hace referencia a lo normado en los artículos nº33, nº34, nº38 y nº47.
Estos artículos prohíben la compra de nuevos vehículos para el parque automotor que no constituyan reemplazo y se limita la compra exclusivamente a los Ministerio de Salud y Seguridad (ambulancias y patrulleros, esencialmente), previa justificación de cada cartera y con autorización del Ministerio de Economía; detallan que la compra de bienes y servicios informáticos debe ser fundada con un informe técnico de un área competente, por eso la flamante resolución le dio ese carácter a la Secretaría de Modernización, que depende de Economía; y restringen todas las contrataciones de bienes de capital «salvo excepciones fundadas en estricta necesidad y funcionalidad».
Igualmente, tal como estaba previsto en la Ley, quedó suspendida la apertura de nuevos fondos rotatorios principales y especiales y la ampliación de los ya existentes financiados con recursos provinciales, «salvo causa debidamente justificada».
Por último, se recuerda que la Ley de Emergencia le permite al Ministerio de Economía «destinar recursos provinciales con destino específico o no, para uso transitorio con devolución de dichos recursos en forma posterior al transcurso del ejercicio en que fue otorgado o del ámbito temporal de la presente ley, lo que resulte mayor».
La Ley de Emergencia fue sancionada definitivamente el 30 de mayo pasado, tras un trámite casi exprés en el Senado. Tiene vigencia por un año, con posibilidad de prórroga por otro año más.
El principal cuestionamiento de la oposición, que rechazó la iniciativa aunque no tenía los números para hacer fuerza, fue que los argumentos de la Provincia para sancionar la emergencia económica estaban vinculados a un contexto nacional adverso que luego cambió, aunque no definitivamente.
Desde la sanción de la Ley hasta el momento hubo cambios relevantes, como la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, lo que se estima que le generará a la Provincia un ingreso extra de unos $40.000 millones.