Tras la desregulación en las telecomunicaciones -telefonía celular, internet y cable- oficializada el pasado jueves 27 de junio, a través de la Resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial, los interventores del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, eliminaron todas las regulaciones que le ponían tope a las tarifas de estos servicios. Hasta ahora el tope permitido para los aumentos era de entre el 5% y 10% mensual.

La decisión tomada por el gobierno de Javier Milei fue impulsada a principio de este año comenzando por el cierre de numerosas delegaciones regionales del Enacom -organismo encargado de resguardar el derecho ciudadano a la comunicación- dejando a más de 300 personas sin trabajo. En la resolución se detallan una serie de normativas del Gobierno anterior que fijaban tarifas y otorgaban a la autoridad de aplicación la potestad de regular los precios de las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en competencia.

La decisión que se formalizó mediante la mencionada resolución, responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024 que derogaba el DNU N° 690/2020 donde se había declarado a los servicios TIC como «servicios públicos esenciales y estratégicos», otorgando al Enacom la facultad de regular sus tarifas. Además, la resolución modifica los artículos 48 y 54 de la Ley N° 27.078, permitiendo a los licenciatarios de Servicios de TIC fijar sus precios, siempre que estos sean «justos y razonables», y cubran los costos de explotación, tendiendo a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.

El economista José Vargas de la consultora Evaluecon habló con MDZ sobre las implicancias de esta desregulación. Vargas asegura que, a pesar de la eliminación del tope, no se esperan aumentos desmedidos en los precios de las tarifas debido a la caída en el consumo. “Más allá de lo que haga el gobierno ahora en cuanto eliminar el tope, no van a haber aumentos desmedidos porque está claro que la caída en el consumo va a ser mucho más fuerte”, señaló.

Para Vargas, las empresas buscarán mantener a sus clientes actuales a través de promociones y descuentos especiales para evitar que se cambien de plan o proveedor y no impulsarán tarifazos aunque si implementarán aumentos que acompañen la inflación. «Está claro que por ahora va a haber una situación bastante particular porque no hay poder de compra”, sostuvo el economista. 

Sin embargo, no se puede descartar que con esta medida, la falta de conectividad y acceso completamente desigual a las telecomunicaciones se profundicen. En un contexto de ajuste, en el cual millones de personas deben elegir entre comprar alimentos y pagar impuestos, hacemos propias las preguntas que se hicieran Alegre y O’Siochru, en 2006 respecto al derecho a la comunicación: «¿Cuán real es la “libertad para recibir y transmitir la información”, si una persona apenas puede leer o escribir, o no puede hablar la lengua oficial del país? O, ¿cuán real es la libertad de “buscar y recibir información”, si los gobiernos y las corporaciones no están obligadas a proporcionarla? O, ¿si usted no puede darse el lujo de pagar materiales educativos o medios fundamentales de acceso a la comunicación tales como el teléfono o (cada vez más) la Internet?». 

En ese sentido, Gabriel Olmedo Sosa, economista del Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) de la provincia de Mendoza indicó que para hablar de la desregulación de las telecomunicaciones hay que preguntarse para qué existen tarifas y precios regulados. «El Gobierno, en su discurso, se manifiesta en contra de ellos pero en los hechos ha mantenido y mantiene numerosos precios regulados, siendo el del dólar oficial el ejemplo más claro. Todos los gobiernos del mundo capitalista avanzado tienen precios regulados cuando se cumplen ciertas condiciones», explicó.

La condición más importante es que «el bien o servicio cumpla una función pública. La educación, la salud y la vivienda son ejemplos claros de esto. Desde hace varios años, las telecomunicaciones también cumplen una función pública», detalló el economista. «El acceso a la información, la educación, la seguridad, la salud, ciertos trámites del Estado y los servicios financieros, entre otros, están mediados por las telecomunicaciones. En numerosas ocasiones, accedemos a estos servicios a través de nuestros celulares», completó.

Otra condición importante para Olmedo Sosa es la disparidad de poder entre el consumidor y las empresas. «Cuando existen monopolios u oligopolios no hay una verdadera negociación entre productor y consumidor; existe una imposición del más fuerte. No hay que ser economista para saber que las empresas de telecomunicaciones abusan de esta situación», reflexionó y agregó que a pesar de que su poder no les permite aumentar las tarifas indefinidamente, sí pueden aumentarlos más que otros bienes y servicios. «Para la mayoría de los argentinos, que actualmente no tienen posibilidad alguna de ahorro, un aumento en los servicios de telecomunicaciones se traduce en dejar de consumir otros bienes, ya sea un café, una remera o una gaseosa. En algunos casos, puede incluso significar una peor alimentación. Por lo tanto, estas consecuencias no solo afectan al consumidor directo, sino también a todos los negocios que venden menos porque las personas deben gastar más en telecomunicaciones», concluyó.